«No puede ser que tres facturas de luz le cuesten la vida a Rosa ni a nadie»

Una cincuentena de personas se han encontrado en la plaza del Mercadal respondiendo a la convocatoria del Sindicat d'Habitatge de Reus para denunciar la «impunidad» de Gas Natural y del general de las suministradoras. Después, se han encaminado a la sede de Gas Natural en el paseo Sunyer, en el acceso a la cual han dejado colgadas dos pancartas donde podía leerse «Gas Natural, sois culpables» y «La pobreza energética mata».

Lo han hecho después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haya anulado la sanción de 500.000 euros que el Departament d'Empresa de la Generalitat había impuesto a esta compañía a raíz del caso de Rosa, la mujer de 81 años que, en 2016, murió en Reus en un incendio en su casa originado por la vela con que se iluminaba después de que la suministradora le cortara la luz. El TSJC alude, tal como adelantó Diari Més, a la «falta de un desarrollo reglamentario» de la Ley de la Pobreza Energética, la Ley 24/ 2015, para dar la razón a Gas Natural, que desconectó la luz a la abuela sin pedir previamente un informe sobre su situación a los Servicios Sociales. Empresa ha presentado recurso de casación en la Sección de Casación del TSJC.

El miembro del Sindicat d'Habitatge Issam Oudriss ha recordado desde el Mercadal que «tres facturas por valor de 246 euros le costaron la vida a Rosa, y estamos por ella y para que su muerte no cueste 246 euros; que la muerte de la gente pobre no tenga un precio». «La ley decía que no se le puede cortar la luz a nadie sin un informe de vulnerabilidad, y es palabra clara», precisaba. Por su parte, el también miembro Edgar Fernàndez ha añadido que «no pedimos que se multe en Gas Natural sino que canvie la jerarquía» y ha reclamado que «todos los recursos necesarios para vivir tienen que estar garantizados al 100%». En la misma línea, Fernàndez ha expresado que «hablar de Rosa ahora es muy sencillo, pero es que seguro que todos tenemos vecinos y vecinos que tienen problemas». «El beneficio de las empresas no tiene que importar, tiene que importar la vida», añadía, y ha recordado que la mujer muerta «era usuaria de Servicios Sociales» del Ayuntamiento de Reus pero «Gas Natural no pidió su informe». «No puede ser que lo que es necesario para vivir esté sujeto a negocio», subrayaba Fernàndez, y Oudriss lamentaba que «no vemos suficiente que a una empresa multimillonaria se le ponga una sanción de 500.000 euros y, con eso, lo que está haciendo la Generalitat también es ponerle el precio a la muerte de una persona de nuestra ciudad».