Rechazo de las entidades sociales por la anulación de la multa a Gas Natural

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anula la multa impuesta por la Generalitat en Gas Natural a raíz del caso de Rosa, la abuela de 81 años que, en el 2016, murió en Reus en un incendio en su casa originado por la vela con que se iluminaba después de que la suministradora le cortara la luz, ha generado indignación y un amplio rechazo entre las entidades sociales, que consideran que con eso «se da campo abierto a las compañías para que hagan lo que quieran» y alertan de «unpaso atrás» en la lucha contra la pobreza energética.

El Departamentd'Empresa abrió el mismo 2016 un expediente sancionador a Gas Natural al considerar que había incumplido la Ley de la Pobreza Energética –la Ley 24/2015–, que supeditaba el corte de luz a la previa solicitud de un informe a los Servicios Sociales municipales, y la multó con 500.000 euros. En la sentencia, tal como adelantó Diari Més, el TSJC da ahora la razón a Gas Natural y anula la multa aludiendo a que «la falta de un desarrollo reglamentario» de esta ley. Especifica, por eso, que «Gas Natural no tenía la obligación legal de solicitar los informes a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Reus». El Departamentd'Empresa ha presentado ya recurso de casación.

El Sindicat d'Habitatge de Reus ha convocado hoy, a las 19.30 h. en la plaza del Mercadal, una concentración contra la anulación de la sanción en Gas Natural. El Sindicat lamenta que «la impunidad con que actúan las grandes empresas es totalmente insostenible a nivel social ya que, como se demuestra en el caso de Rosa, hay vidas en juego» y emplaza en el resto de entidades sociales «a sumarse a la convocatoria y a generar debate y presión pública para acabar con la pobreza energética, por garantizar el acceso a la vivienda y todos los derechos básicos para vivir».

Por su parte, la Plataforma d'Afectats per la Hipotec (PAH) de Reus encuentra «absolutamente increíble» que «aquellos que dictaminan estas sentencias no entiendan que le están dando campo abierto a las suministradoras para que sigan haciendo lo que les dé la gana». «La vida de Rosa y las de tantas Rosas no valen 500.000 euros, la vida no tiene precio», añade la Plataforma, que espera que, a raíz del recurso del Departamentd'Empresa, «el Tribunal diga la última palabra recordando que la pobreza energética mata y que la Ley 24/2015 está muy vigente y obliga a cumplirla».

La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) critica que el TSJC ha «sucumbido» a los intereses de «el oligopolio energético» y su voluntad de doblegar la Ley de la Pobreza Energética «más garantista de todo el estado». «La ley es lo bastante clara, pero si el poder judicial acaba viendo la falta de reglamento como un problema, estudiaremos todas las opciones a fin de que ninguna familia en Cataluña quede desprotegida y se puedan aplicar sanciones en caso de incumplimiento», sostiene. La Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Catalunya ve «inadmisible» la sentencia y afirma que la ley es «clara e inequívoca».

El recurso lo tiene que resolver el TSJC

Consultadas sobre la resolución, fuentes municipales muestran su «máximo con respecto a las decisiones judiciales, más cuando la sentencia todavía no es firme» y aseguran que «el Ayuntamiento siempre ha defendido que la pobreza energética es un problema complejo, y trabaja por una solución que requiere de la implicación tanto de las empresas suministradoras como de todas las administraciones». Aunque, el lunes, Empresa había concretado en este rotativo que el recurso que ha interpuesto se dirigía al Tribunal Supremo, el Departamentrectificó ayer la información aportada y precisa que este irá a la Sección de Casación del TSJC.