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Urbanismo

El Ayuntamiento de Reus debatirá la conservación del patrimonio con entidades del ámbito

Se compromete a «abrir diálogo público» en este campo, que fue polémico por el derribo del número 27 de la calle Sant Llorenç

Del edificio demolido en el barrio del Carme, ha quedado la fachada.

El Ayuntamiento de Reus debatirá la conservación del patrimonio con entidades del ámbitoOlívia Molet

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El Ayuntamiento de Reus «está trabajando para formalizar una colaboración» con asociaciones o entidades vinculadas en la materia para generar «una articulación más amplia del debate sobre el patrimonio en nuestra ciudad». Así lo expresó la concejala de Urbanisme, Marina Berasategui, en el pleno del 22 de abril a raíz de un ruego del grupo municipal del PSC en lo referente al derribo de inmuebles en la ciudad. La demolición, el pasado febrero, del número 27 de la calle Sant Llorenç, un edificio noucentista de propiedad municipal y que se encontraba en estado de degradación, creó polémica. Algunas voces denunciaron que el consistorio –igual que otra de ubicada en el pasaje del Escorial, en ruinas, la desaparición de la cual también ha estado ya aprobada– no tuviera en cuenta el valor de la construcción.

Fuentes municipales consultadas sobre el fondo de la intención del gobierno en este aspecto precisan ahora que «la concejalía de Urbanisme y Mobilitat y la concejalía de Cultura y Política Lingüística trabajan con las entidades Espais Ocults y Reus Antic para formalizar una colaboración con el fin de organizar una jornada sobre patrimonio». Esta jornada tendría lugar «a finales de año». Aseguran, en el mismo sentido, que «el Ayuntamiento está abierto a la participación de otras entidades vinculadas al patrimonio».

Carteles informativos en los edificios

Las mismas fuentes no detallan cómo se materializará esta voluntad porque se está trabajando y «los detalles se irán concretando». En este aspecto, Berasategui apunta que «trabajamos para abrir un debate público en torno al patrimonio, en el sentido arquitectónico, urbanístico, cultural y artístico, que creemos que tiene que ser lo más abierto y amplio posible, y con la implicación de los agentes y de las entidades vinculadas». El otro punto sobre el cual había incidido específicamente el grupo socialista en su pleno era la conveniencia de colocar carteles informativos en los edificios que se tengan que derribar a fin de que la ciudadanía esté al día y pueda participar más fácilmente en los procesos de alegaciones y realizar aportaciones. Al respecto, en la misma sesión, Berasategui contestó que «valoraremos la adecuación legal de su propuesta con respecto a la ampliación de la comunicación reglada de las obras que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento, como eso de poner carteles para anticipar la información».

En los casos de la calle Sant Llorenç y el pasaje del Escorial, el gobierno fundamentaba la necesidad de ejecutar las obras en los inmuebles en el peligro que su situación representaba. De hecho, el de Sant Llorenç formaba parte del catálogo de inmuebles en estado ruinoso elaborado por la Associació de Veïns L'Harmonia del Carme. El edificio, del cual ahora queda la fachada, no estaba condicionado por protección patrimonial.

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