Reus emite en seis meses los mismos informes de vulnerabilidad que el 2020

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Reus han recibido este año 214 solicitudes de informes de vulnerabilidad, prácticamente la misma cifra que en los doce meses del año anterior, cuando fueron 230. Estos informes de vulnerabilidad son importantes para aquellas familias que no pueden hacerse cargo de los gastos de una vivienda y que el propietario de la cual ha decidido denunciarla al juzgado para echarla. Con el decreto que dictó el Gobierno español a finales del año pasado, si los Servicios Sociales emiten un informe en el cual se expone que la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, el desahucio se tendrá que detener.

Cada vez son más los informes que se emiten sobre familias en riesgo de vulnerabilidad. Según datos facilitados por el Ayuntamiento a este medio, durante el 2020 se solicitaron un total de 230 informes, de los cuales 227 resultaron ser favorables, es decir, se confirmó la situación de vulnerabilidad por parte de la familia, mientras que sólo tres resultaron desfavorables.

Las cifras son muy similares a las de este año, aunque sólo corresponden a los primeros seis meses, es decir, la mitad del periodo analizado el año pasado. Desde enero hasta el 17 de junio de este año, se han solicitado 214 informes de los cuales se han podido realizar 185. De estos, 181 han resultado favorables a las familias, mientras que cuatro determinan que no se encuentran en situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, no pueden frenar el desalojo con este informe. Así pues, en cifras totales, de los 415 informes analizados desde enero del 2020 hasta junio de este año, sólo siete han resultado ser desfavorables.

Con respecto al decreto del Gobierno español sobre parar los desahucios, el Consejo de Ministros aprobó que, durante el estado de alarma, se suspendieran los desalojos por impagos del alquiler de familias vulnerables. Una vez acabado el estado de alarma, el Consejo de Ministros decidió prorrogar la medida hasta el próximo 9 de agosto. En el caso de las familias con contrato, los propietarios tienen derecho a solicitar una compensación en el caso que servicios sociales presente un informe que acredite la vulnerabilidad económica de los inquilinos. Si la familia se encuentra dentro de la vivienda sin contrato ,també se puede anular su desalojo en caso de que el inmueble esté vacío y sea de grandes tenedores y tengan menores o dependientes a cargo, o sean víctimas de violencia machista.

143 desahucios parados

En el caso de los Juzgados de Reus, que llegan más allá de la capital del Baix Camp, durante el 2020 hubo 464 sentencias de desalojos, de las cuales se ejecutaron 185 y se pararon 143 atendiendo los informes de vulnerabilidad emitidos por los Servicios Sociales, según datos que comparten desde los juzgados con este rotativo. Con respecto al resto de casos, 136, desde los Juzgados se apunta que podrían haberse resuelto amistosamente pagando las deudas o marchándose del inmueble antes de que fueran a echarlos. Desde los mismos juzgados también apuntaban que el impacto de la pandemia todavía no se había notado, ya que «el problema vendrá cuando finalicen todos los ERTE y muchos trabajadores se queden sin trabajo».