Protesta
La CUP ocupa una oficina de Endesa en Reus para protestar por el encarecimiento de la factura de la luz
El concejal Edgar Fernàndez insta al Ayuntamiento a crear una empresa energética «para las personas»
Una quincena de personas han ocupado este lunes por la mañana una oficina de Endesa en Reus, situada en la calle Riera de Aragón, para protestar por el encarecimiento de la factura de la luz. La acción, impulsada por la CUP por toda Cataluña, ha contado con la presencia de cargos electos de la formación anticapitalista del Campde Tarragona. La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha señalado la necesidad de crear «una empresa energética pública catalana» para romper con los «abusos de los oligopolios de las eléctricas». En la misma línea, el concejal reusense Edgar Fernàndez ha apuntado que la compañía pública que se plantea en la ciudad, Reus Energia, tendría que centrarse «en las personas» y no en dar servicio en los edificios municipales.
La acción simbólica se ha realizado de manera pacífica en la oficina de Endesa en la capital del Baix Camp. En el momento de la protesta, en las instalaciones sólo había los trabajadores de Endesa. Durante aproximadamente veinte minutos, los dos representantes políticos han expuesto los «agravios comparativos» que las empresas energéticas provocan entre poblaciones. Según Estrada, las compañías energéticas actuales «protagonizan episodios de cortes en comarcas como el Priorat o bien en barrios donde el mantenimiento eléctrico es deficitario». La diputada ha puesto énfasis en la liberalización del mercado eléctrico, que comportó el aumento de la factura eléctrica en las últimas décadas. Estrada ha acusado en el gobierno español de tener «una actitud miedosa» delante el negocio de la electricidad.
Por su parte, desde la CUP de Reus, Edgar Fernàndez ha instado al Ayuntamiento a replantear la empresa municipal ReusEnergia. En un inicio, la compañía prevé dar servicio a los equipamientos públicos de la ciudad, una apuesta que los anticapitalistas no comparten. Fernàndez ha puesto en duda la necesidad de proveer energía en las instalaciones municipales «en ningún sitio de las personas que quedan excluidas del circuito de servicios sociales por falta de recursos y de información».