Aplazado el desahucio «ilegal» de una familia en la calle Escultor Rocamora de Reus

El Sindicat de l'Habitatge de Reus denunció ayer el intento de desahucio «ilegal» de una familia con dos niños en la calle Escultor Rocamora, ya que no había sido notificado previamente, e hizo un llamamiento a la movilización con el fin de evitarlo. Oumayma, conocida de la familia afectada, denunció qué pasadas del nueve de la noche anterior dos Mossos d'Esquadra de paisano acudieron al piso «de malas maneras» y «sin identificarse para decir a la familia que al día siguiente irían los antidisturbios y que, en caso de no abrir la puerta, la tirarían al suelo y «los sacarían a la fuerza».

Tanto Oumayma como Issam Oudriss, portavoz del Sindicat de l'Habitatge, aseguraron que «incluso dudamos de que realmente fueran policías», ya que «tampoco dejaron ninguna notificación del desahucio», pero uno de los Mossos «me ha confirmado que los envió él», señaló Oumayma ayer.

Efectivamente, ayer por la mañana el cuerpo policial se presentó nuevamente en la calle delante del Mercatdel Carrilet y, según Oudriss, «militarizaron la calle en un momento» con la presencia de dos furgones y cuatro coches de los Mossos. Las patrullas se tropezaron consigo con vecinos de la familia y miembros del sindicato con la intención de parar el desahucio, algunos de los cuales fueron identificados según denuncia Oudriss. Oumayma también denunció el «gran despliegue de patrullas» y las posibles consecuencias psicológicas que una escena así podría tener sobre los niños «si se hubiera acabado realizando el desahucio».

Oumayma explicó que la familia hace más de una semana que vive en el piso, ya que «una persona al verlos en la calle con dos niños les ofreció las llaves del piso porque le dio pena», pero el que Najat y Aissa, la pareja en cuestión, desconocían es que esta vivienda estaba implicadaen un proceso judicial. Por lo tanto, Oumayma señaló que «el desahucio que venían a ejecutar está a nombre de otra persona» y «ni siquiera conocemos el número de expediente del proceso». Aseguró que «gracias a queServicios Sociales ha hablado con la policía se ha podido aplazar la fecha», ya que «sino los hubieran echado ya, quedándose en la calle con dos menores», aseguró.

En cuestión de diez días, la familia tendrá que presentar al juzgado algún documento, como un contrato de alquiler, que acredite que está viviendo en el piso «legalmente». En caso de que eso no sea posible, la fecha de desahucio definitiva de Najat, Aissa y sus dos hijos será el próximo 22 de diciembre.

Oumayma explicó que la familia se pondrá en contacto con Servicios Sociales inmediatamente con el fin de buscar alguna alternativa, ya que se encuentran en una situación «de extrema vulnerabilidad». Por otra parte, participarán en las asambleas del Sindicat de l'Habitatge «para ver qué podemos hacer las vecinas para ayudarlos a solucionarlo», aseguró Oudriss.

El portavoz del sindicato aseguró que la intervención policial de ayer en el barrio del Carrilet despertó mucho rechazo por parte de los vecinos, ya que Najat y Aissa «son gente del barrio, de Reus, de toda la vida y se los ha tratado como si fueran los grandes criminales». Señaló que «ante el creciente contexto de crisis» en el cual «cada vez hay más gente desesperada por la carencia de vivienda y alimentos», «la respuesta tiene que ser la organización vecinal», ya que «el estado y la policía ya nos ha demostrado de qué bando está». En esta línea, «con actuaciones así» aseguró que los comisarios de los Mossos «no se tendrían que preguntar por qué no tienen autoridad a según qué barrios o calles».