El caso del activista en Reus Mohamed Badaoui llega a la Generalitat

El caso del presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (Adedcom) de Reus, Mohamed Said Badaoui, a quien la Policía Nacional quiere expulsar del Estado por, según él, motivos políticos, ha llegado a la Generalitat de Catalunya.

Los partidos de Comú Podem, ERC, la CUP y Junts redactaron el pasado viernes una carta para Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior del Gobierno español solicitando que el proceso de expulsión de Badaoui quede parado, ya que consideran que es «injustificada».

Ayer por la mañana el activista se reunió con la consejera de Igualdad y Feminismo, Tània Verge y, por la tarde se celebró una manifestación en la delegación del gobierno central en Cataluña en contra de la orden de expulsión del activista. El pasado jueves, el cuerpo policial del Estado informó a Badaoui que se seguiría con el procedimiento de su expulsión y que, de nuevo, contaba con 48 horas para volver a presentar alegaciones. Por este motivo, el activista presentó el sábado unas nuevas y últimas alegaciones, ya que después de estas se tomará una decisión final.

Cuando el caso llegó al congreso de los diputados, los cuatro grupos solicitaron el parónde este procedimiento alegando que Said Badaoui es un activista muy implicado en el tejido asociativo y su arraigo en Cataluña.

Esta idea la comparte la consejera reusense Verge, quien publicó ayer tarde en Twitter una imagen del encuentro con el activista donde señalaba: «La vida pública no puede ser penalizada según la nacionalidad. Exigimos al ministro de Interior la suspensión de la orden y la revisión rigurosa de su caso».

La concentración de ayer tarde en la calle Menorca de Barcelona fue en la misma línea que la que se llevó a cabo en Reus cuando estalló el caso. En esta, Adedcom leyó una comunidad de defensa al activista, de la misma manera que Badoui, quien explicó de nuevo el caso pidiendo que se detenga el proceso.

El presidente de la asociación de defensa de los derechos de los musulmanes mostraba ayer al Diari Més su agradecimiento por el apoyo que ha recibido en estos días y aseguraba: «Ver el apoyo de tantas personas y partidos me da confianza para creer en el trabajo hecho hasta ahora».

Por otra parte, no todos los partidos han mostrado su apoyo al activista, como es el caso de Ciutadans. Débora García, alcaldable del partido municipal, explicaba ayer al DiariMés que «es un proceso administrativo abierto, así que nosotros lo respetamos, y no nos opondremos a la Justicia. Y también respetamos la presunción de inocencia y que esta persona siga los procedimientoslegales si él cree que no tiene lugar la expulsión del país». García también opinó sobre las acciones de los otros grupos reusenses: «los partidos separatistas siguen su línea de no respetar la justicia y, por otro lado, el PSC tendría que aclararse un poco».

El caso avanza cuando, paralelamente, ha surgido un caso idéntico enVilanova i la Geltrú. El presidente de la asociación cultural islámica Al-Forkan del municipio vilanovense, Amarouch Azbir, denuncia que el Estado lequiere expulsar con argumentos infundados.

Azbir detalla que también leacusan de haberse «radicalizado» y haber impedido la integración de la gente de la asociación Al-Forkan a la sociedad vilanovense, al mismo tiempo que le reprochan no haber condenado anteriores atentados islamistas.