El CAIF, parado en Reus porque la empresa quiere traspasar el proyecto a una filial

El proyecto de creación del Centro Acuático y de Fitness (CAIF) está parado, tal como avanzó DIARI MÉS en la edición del 9 de septiembre. El motivo de esta parálisis es que la empresa adjudicataria, Dúo Spa & Sports SLU, ha intentado traspasar el contrato a una empresa filial suya.

El alcalde, Carles Pellicer, lo confirmó a Canal Reus y explicó que el consistorio y la compañía tienen que resolver «aspectos jurídicos» y aseguró que, en estos momentos, se necesita «la garantía jurídica avalada por secretaría e intervención» para poder «avanzar en seguridad jurídica, que es lo que nos interesa». El plenario del pasado mes de abril aprobó la formalización del contrato, pero, casi cinco meses después, este todavía no se ha firmado. Aunque fuentes municipales aseguraron que la formalización estaba siguiendo el procedimiento establecido con normalidad y que se estaba trabajando para acordar todos los aspectos jurídicos lo antes posible, los partidos de la oposición empezaron a sospechar que habían surgido problemas.

La concejala de Ciudadanos Débora García explica que fue el lunes cuando el consistorio informó de la no formalización del contrato porque la adjudicataria quería que su lugar lo ocupara una filial, cosa que el consistorio tenía que analizar si era posible.

«Es necesario que el Ayuntamiento estudie si jurídicamente es válida la sucesión de una empresa por otra», declara la portavoz naranja, que remarca que la compañía a quien se quiere atribuir el contrato tiene que reunir la solvencia económica, la capacidad de hacer frente a los costes y la ausencia de prohibición para contratar que se acordaron en el momento de la adjudicación.

«La situación empieza a ser cada vez más preocupante», valora por su parte al portavoz del PSC, Andreu Martín. El socialista asegura que las dudas han crecido por el hecho «de que tengan que crear una subempresa para gestionar la piscina» y se pregunta qué pasará si al final se considera que la filial es incapaz de asumir el proyecto. «Este desbarajuste de contrato no se habría producido si desde un comienzo se hubiera apostado por un equipamiento 100% público», concluye.

La CUP ya denunció desde el primer momento que el CAIF era un gasto público muy elevado destinado a que una empresa gestionara la explotación. «Es un proyecto inviable económicamente y a escala medioambiental, así como no responde a necesidades identificadas y trabajadas en el ámbito municipal», apunta el concejal de la CUP Edgar Fernández. Fernández considera que es un «megaproyecto» que traerá «más quebraderos de cabeza y problemas a medio y largo plazo que soluciones».