La CUP quiere parar el parking de la Hispania por contaminación en el subsuelo

El grupo municipal de la CUP en Reus considera que el proyecto del aparcamiento subterráneo en la antigua Hispania se tendría que detener, ya que los datos del informe ambiental, solicitado por el mismo Ayuntamiento, muestran que el suelo donde se tendría que levantar cuenta con componentes que podrían ser muy contaminantes para la salud del vecindario. La CUP cree que el Gobierno no ha actuado correctamente ante estos datos, sino que ha sacado adelante el proyecto. A los anticapitalistas no sólo les preocupa la contaminación que podría suponer el levantamiento del suelo para construir el parking, sino que también consideran que es del todo innecesario, ya que «incluso cuando los parkings actuales están al máximo de ocupación, hay 1.000 plazas vacías. No hacen falta más plazas», dijo ayer Edgar Fernández, concejal del grupo. Por su parte, fuentes municipales aseguran que el Gobierno está siguiendo los pasos normativos y que los materiales contaminantes se encuentran en un área muy localizada.

Esta contaminación habría sido causada por la empresa de la antigua Hispania, ya que había cocheros de autobuses donde se habrían hecho cambios de aceite que se han ido filtrando en el subsuelo, concretamente a tres metros bajo tierra. Además, hay una mina de agua que, según los expertos, estaría expandiendo los componentes químicos. Mònica Pàmies, concejala de la CUP, aseguró que «el proyecto contiene un alto riesgo para la salud del vecindario. Hay informes ambientales desfavorables a la ejecución del proyecto».

Según los anticapitalistas, las indicaciones de los expertos confirman que haría falta parar la obra y activar un protocolo de cinco pasos: comunicarlo a la Generalitat, hacer un estudio para delimitar el alcance del punto negro, hacer un proyecto de descontaminación, ejecutarlo y hacer un estudio posterior para que verifique la descontaminación. Ante «la inacción del Gobierno», los cupaires aseguraron que si no se actúa, lo denunciarán a la Generalitat.

Tanto Pàmies como Fernández se plantean si hay prevaricación por parte del Gobierno en caso de que fueran conocedores de la situación y no tomaran medidas al respecto. «Nosotros lo hemos señalado en comisiones informativas, pero somos el único grupo municipal que ha votado en contra», afirmó Pàmies. También advirtieron que el proceso para retirar el suelo contaminado con seguridad puede llegar a ser muy costoso, ya que lo tendría que hacer una empresa especializada. Pàmies y Fernández recordaron que si este sobrecoste supera el 50% del presupuesto inicial de 12 millones de euros, la normativa dicta que se tiene que descartar el proyecto.

Por otro lado, fuentes del Gobierno apuntan que se están siguiendo «escrupulosamente los pasos normativos para la futura gestión de los residuos vinculados en el proyecto de construcción del aparcamiento». Además, «la documentación incluida en el proyecto de construcción deja claro que, antes de la obra, habrá que elaborar un análisis cuantitativo de riesgo», que tendrá que realizar la empresa contratista. Así, el proyecto de ejecución incluye una partida presupuestaria para el transporte y la disposición de un vertedero, así como para la gestión de los residuos. Según las fuentes, cuando se contrate la obra, la empresa también tendrá que hacer el análisis cuantitativo del riesgo previo al inicio de las obras y la posterior gestión de los residuos.