El pleno de Reus aprueba la modificación del POUG para construir 432 inmuebles

El último pleno del Ayuntamiento de Reus de este año, que tuvo lugar ayer, aprobó de manera definitiva el Presupuesto General del ejercicio 2023, que contará con un total de 195.366.630 euros, y el Plan Local de Vivienda 2022-2027, que la concejala de Vivienda, Teresa Pallarès, presentó a principios de esta semana.

El plenario también aprobó la modificación puntual de la revisión del Plan general de ordenación urbana (PGOU) que afecta al sector E.2 Camí de Valls. Se trata de una zona limitada por las avenidas de Marià Fortuny y de Montblanc y la riera de la Beurada, donde la intención del Gobierno es, según la concejala de Urbanismo, Marina Berasategui, «mejorar los accesos a Reus con la urbanización y ampliación de la avenida de Montblanc y del camí de Valls». A pesar de la abstención del PSC, Ciudadanos y del concejal no adscrito, Raúl Meléndez, y el voto en contra de la CUP, el Gobierno hizo valer su mayoría y aprobó la modificación del PGOU que permitirá la construcción de 432 viviendas, de las que 216 serán protegidas. Se trata de una superficie de 49.203,03 metros cuadrados, de los que 2.450,71 se destinarán a uso no residencial para construir un establecimiento comercial en una primera planta y un parking en la planta baja.

El motivo de los cupaires para no dar apoyo a la propuesta del Gobierno es que consideran que el ámbito es demasiado próximo a la escuela Pidel Burgar y al instituto Gabriel i Ferrater y, por lo tanto, «tendrían que ser zonas verdes para el disfrute de los alumnos, y no otro centro comercial que perjudica al pequeño comercio local», afirmaba Mònica Pàmies, concejala de la CUP. La modificación también prevé la eliminación de la gasolinera del extremo norte de la zona verde de la avenida de Montblanc.

Con respecto al presupuesto municipal que entrará en vigor a partir del 1 de enero, el Gobierno explicó que el del ayuntamiento será de 131.281.080 euros; el de los organismos autónomos, 8.331.372 euros; el de las empresas municipales, 70.217.052 euros; y, por lo tanto, el presupuesto consolidado del Grupo Ayuntamiento de Reus será de 195.366.630 euros. La concejala de Hacienda, Mariluz Caballero, también destacó, de nuevo, el esfuerzo del Ayuntamiento por congelar los impuestos «como medida de estímulo social y económico».

El grupo de Ciudadanos presentó una alegación sobre los presupuestos, ya que defiende que «no respetan los requisitos legales, porque falta el Anexo de Inversiones». Según Caballero, «el documento cumple rigurosamente con el nivel de detalle mínimo que exige la normativa presupuestaria local. Además, se ha añadido información no exigida». Los naranjas no fueron los únicos que se opusieron a su aprobación, la CUP y los socialistas también votaron en contra.

El plenario también aprobó el Plan Local de Vivienda 2022-2027, a pesar de la abstención de la CUP, ya que el grupo municipal considera que «no se adecua a la necesidad ni la realidad de la ciudad y faltan datos enla diagnosis, como el recuento de los pisos buitres», según el concejal Edgar Fernández. El concejal anticapitalista también destacó que «en Reus no falta tanta nueva construcción porque hay demasiados pisos vacíos».

Propuestas y mociones

Con respecto a las propuestas que llevó el grupo municipal del PSC, la mejora de la oferta formativa de Formación Profesional no fue aprobada, mientras que la relacionada con la cooperación con las víctimas de los robos de recién nacidos en Reus entre 1938 y 1996, recibió el voto unánime del plenario.

La explicación de esta última propuesta la hizo Carmina Pozuelo, concejala socialista, que siguió el plenario desde el hospital. Pozuelo destacó que tiene que haber «coordinación y políticas efectivas» con el departamento de Justicia de la Generalitat enfrente de las desapariciones de los menores.

Por otra parte, las dos mociones de la CUP fueron descartadas. En primer lugar, la concejala ecologista Mònica Pàmies presentó la moción para declarar Reus Ciutat Verda 2023, una propuesta basada en la creación deecobarrios que, con los recursos necesarios, «consigan sus propósitos para un bien común, sostenible y solidario». La segunda moción de los cupaires tenía el objetivo de neutralizar los efectos del aumento de precios: «Tenemos que garantizar los recursos económicos suficientes para poder ofrecer las ayudas a las personas que lo necesiten».

Cs presentó una moción para adherir la ciudad a la red de destinos turísticos inteligentes, que fue aceptada, aunque Pàmies mostró el posicionamiento contrario del grupo cupaire «porque es una colaboración publicoprivada».