El Ayuntamiento de Reus y Diputació consideran «inasumibles» las condiciones sobre el Centro Católico

El alcalde de Reus, Carles Pellicer, y la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, han comparecido este lunes para valorar como «inasumibles para una administración pública» las condiciones que el Arzobispado de Tarragona sobre el futuro del Centro Católico. Según los dos entes, estas «afectan al derecho a la libertad de expresión, la fórmula jurídica y duración de la cesión del equipamiento, la gratuidad o la disponibilidad de los espacios».

La propuesta del Arzobispado modificaría sustancialmente el acuerdo entre el Ayuntamiento de Reus, la Diputación de Tarragona y la parroquia Prioral de Sant Pere Apòstol de Reus, propietaria del edificio, siempre en negociaciones con el prior y en contacto por su parte con los servicios jurídicos y de patrimonio del Arzobispado.

El acuerdo para impulsar la rehabilitación del edificio y el mantenimiento de la actividad cultural y social que se llevaba a término se presentó públicamente el día 14 de noviembre, y fijaba una inversión cerca de 3 millones de euros y una cesión gratuita del uso del espacio en el Ayuntamiento por un plazo de 99 años.

Durante la rueda de prensa, Ayuntamiento y Diputació han manifestado que «únicament sería posible reanudar las conversaciones en caso de que la negociación vuelva a los términos que planteaba la propuesta de acuerdo inicial, trabajada y consensuada entre las diferentes partes implicadas y que daba respuesta a las necesidades del espacio, a los problemas estructurales del edificio y se planteaba en términos de interés público».

Condiciones inasumibles

La propuesta del Arzobispado contempla una cláusula de estilo dentro del contrato, a los efectos de evitar manifestaciones y expresiones contrarias a la moral cristiana en unos espacios que seguirán siendo el «Centro católico de Reus». Ayuntamiento y Diputació, por su parte, consideran que esta «es una frontera ética que un Ayuntamiento no puede ni tiene que traspasar y que rompería con nuestra obligación de actuar en beneficio de toda la ciudadanía y con los valores públicos de la actividad».

Otra de las condiciones del Arzobispado es la de ceder el espacio durante 50 años pero en otro formato» y que sería gratuito durante los primeros 25 años y que a partir de aquí se pasaría a «un derecho de superficie o alquiler por otro periodo de 25 años más».

Condición que desde el Ayuntamiento y Diputació no ven bien ya que el plazo inicial propuesto de 25 años «no se ajustaría al plazo de amortización de las inversiones que requiere el edificio según su estado actual, hecho que afianza el carácter lucrativo para el titular del inmueble». Asimismo, consideran que «no se puede pagar un alquiler por un edificio que ya se ha pagado asumiendo una rehabilitación de 3 millones de euros. Se estaría pagando dos veces por lo mismo».

Finalmente, el ente religioso pide que la segunda planta sea de uso exclusivo para el Arzobispado y la planta baja y primera para el Ayuntamiento. Y que el mantenimiento de todo el edificio y la adecuación básica de la segunda planta vaya a cargo del consistorio.

Sin embargo exigen que el equipamiento se tiene que seguir denominando Centro Católico de Reus, independientemente de las entidades que hagan uso.

Desde el Ayuntamiento y Diputació aseguran que como administración pública no pueden realizar una inversión de este tipo y al mismo tiempo reservar una planta entera para el Arzobispado.