CUP de Reus pide que se suspenda la adjudicación de las obras de la Hispània

La CUP de Reus ha presentado un escrito a la Agència Catalana de Residus de Catalunya (ARC) para que inste en el Ayuntamiento a «suspender automáticamente el procedimiento de contratación pública que adjudica las obras de la antigua Hispània a la empresa Garcia Riera S.L.». Según Mònica Pàmies, concejala del grupo municipal y alcaldable de la formación, si en un plazo de un mes, la ARC no ha emprendido medidas de protección, «no descartamos llevar el caso a juzgados para hacer una denuncia».

Según los cupaires, el expediente de obra de Garcia Riera S.L. muestra «su desconocimiento sobre la normativa que se tiene que aplicar en esta zona», ha defendido Pàmies. La alcaldable destaca que las leyes de medio ambiente para la gestión de residuos que incluyen este documento están caducadas desde hace 12 años, como la Ley 10/98. «Su documento muestra que esta empresa no tiene los conocimientos suficientes para ejecutar la obra», ha explicado la ecologista.

«El documento no prevé ninguna actuación ni detalle de cómo se prevé llevar a cabo la descontaminación de la zona, ni siquiera se dice si se hará», ha exclamado Pàmies, quien ha añadido que «no se prevén ejecutar las prospecciones que marcaba el pliegue de cláusulas, para saber el grado de afectación para la salud pública».

Hay que tener en cuenta que se trata de un proyecto municipal que prevé la creación de un parking subterráneo de tres plantas de profundidad de un coste de 11 MEUR. La CUP de Reus, el 12 de octubre del 2022, puso la primera denuncia a la ARC porque los documentos del proyecto mostraban la contaminación del suelo de la zona, donde hay antimonio, arsénico, mercurio, plomo y cinc entre otros productos peligrosos para la salud pública. El 18 de octubre, los cupaires presentaron un escrito al gerente del Ayuntamiento, Josep Soler, comunicando y advirtiendo sobre la afectación, para que intercediera entre el ayuntamiento y la ARC.

El 7 de noviembre, la ARCO notificó a la CUP que se abría un expediente por esta contaminación y comunicaba al Ayuntamiento la denuncia, requiriendo la documentación que faltaba, pero no fue entregada. La ARC pidió a la formación ecologista que añadiera este annexo con el expediente de la Hispània. El 23 de diciembre la junta de Gobierno local aprobó que la descontaminación del suelo era obligación de la empresa adjudicataria del proyecto. El 4 de abril la mesa de contratación adjudicó la obra sin el estudio previo que pedía la ARC para saber la expansión del suelo contaminado.