La oposición en Reus reclama tener un sueldo en lugar de cobrar por asistencias

El Ayuntamiento de Reus ya ha aprobado las retribuciones que percibirán los cargos electos y la estructura del cartapacio municipal. La alcaldesa, Sandra Guaita, percibirá un máximo de 75.529,97 euros brutos anuales. En caso de dedicación exclusiva, los concejales delegados de categoría A, los que ocupan las tenencias de alcaldía, recibirán 73.582,29 euros brutos anuales y el resto de ediles del equipo de gobierno, 67.089,81 euros brutos anuales.

Tal como detalló Guaita, los sueldos son los que se marcaron «en los presupuestos del 2023». El régimen retributivo, aprobado con 14 votos a favor (PSC, ERC y Ara), 4 en contra (CUP y Vox) y 7 abstenciones (Junts y PP), se produjo en el marco de un pleno extraordinario celebrado ayer en el que se rindió cuenta de varias resoluciones de la alcaldía en materia de organización municipal, con motivo del inicio del mandato.

La sesión sirvió también para fijar las retribuciones que percibirán los concejales, de gobierno y de la oposición, por varios conceptos. Presentarse al pleno significará un ingreso de 600 euros, con un máximo de 7.200 euros anuales. Hacerlo a una comisión informativa implicará 150 euros y a una comisión de delegados, 445 euros. Asimismo, la alcaldesa y los portavoces de los grupos municipales cobrarán 340 euros por asistencia a la Junta de Portavoces, con un máximo de 8.160 euros anuales. Los integrantes de la Junta de Gobierno Local percibirán 340 euros por participar en los encuentros del citado órgano.

A pesar de la aprobación de este punto del orden del día, los partidos de la oposición expresaron su recelo. La portavoz de la CUP, Mònica Pàmies, declaró que el nuevo ejecutivo empieza «bien porque mantienen sus sueldos, que son convergentes». La concejala independentista criticó que no se haya contemplado una remuneración para la oposición y preguntó a la alcaldesa «dónde están las políticas socialistas y de izquierdas que defendía en campaña y en las reuniones prepactos de gobierno».

El portavoz suplente del PP, Sebastià Domènech, se sumó al lamento. «Hoy era la oportunidad, y no se ha tenido en cuenta, de poder tener una cotización en la Seguridad Social para que cada uno se pueda dedicar plenamente a la tarea de control del gobierno», señaló. Pàmies aprovechó para exigir al PSC que recuerde los años vividos fuera del gobierno. A su vez, la portavoz de Junts, Teresa Pallarès, quien se había abstenido en la votación, pidió que haya una «actualización» del régimen retributivo para dietas y asistencias, «que hace unos años que está congelado». En concreto, pidió que suban un 4%, mismo incremento que vivieron los sueldos de los concejales electos.

Dudas en la oposición

El pleno extraordinario sirvió para continuar adelante con la estructuración prevista. De esta manera, se aprobó la designación de seis tenencias de alcaldía y de las concejalías, así como la delegación de la presidencia de los organismos autónomos municipales Daniel Recasens (Instituto Municipal Reus Cultura), Carles Prats (Instituto Municipal de Formación y Empresa Masía Carandell) y Noemí Llauradó (Agència Reus Promoció).

Adicionalmente, se establecieron cinco comisiones informativas –Servicios de Territorio y Urbanismo; Servicios a las Personas; Promoción Económica, Hacienda y Proyección de Ciudad; Servicios Generales y Cuentas-, a las que asistirán tres representantes del PSC, dos de ERC y de Junts y uno de Ara Reus, el PP, Vox y la CUP. Todos estos puntos se aprobaron con 14 votos a favor (PSC, ERC y Ara), 4 en contra (CUP y Vox) y 7 abstenciones (Junts y PP).

Pàmies también se mostró crítica con la organización del consistorio y de las empresas municipales. Recordó que el concejal Arnau Martí no pudo asistir a la sesión porque tenía que declarar en los juzgados de lo penal de Tarragona, investigado por su participación en las protestas postsentencia. Con respecto al cartapacio, comentó que es «continuista» y «una decepción», y que no le sorprendería que se modificara en poco tiempo para la adjudicación de dos concejalías a Anabel Martínez y a Daniel Marcos.

Además, expresó sus dudas sobre las competencias que tendrán el edil de Empresa, Formación y Ocupación, Carles Prats, y Montserrat Flores, quien encabeza Buen Gobierno, Transparencia y Administración Abierta. También cuestionó la designación de Daniel Rubio como teniente de alcalde del área de Medio Ambiente.

El portavoz de Vox, Julio Pardo, señaló que el cartapacio se ha construido sobre una «estructura enrevesada» y apuntó que el hecho de que las concejalías dependan de seis tenencias de alcaldía provoca «que el puro uso cotidiano sea muy complejo». A su vez, Sebastià Domènech afirmó que el PP daría 100 días de cortesía al nuevo gobierno antes de hacer ninguna valoración, mientras que Pallarès subrayó qué Junts hará una «oposición constructiva».