El Ayuntamiento de Reus tendrá otros tres meses para formular acusaciones por el caso Shirota

El 9 de junio era la fecha fijada por el juez Diego Álvarez de Juan para presentar los escritos de acusación, las peticiones de sobreseimiento o las solicitudes de abrir nuevas diligencias porel caso Shirota. Este plazo, sin embargo, se ha prorrogado tres meses. Fuentes próximas al gobierno municipal confirman a Diari Mésque el magistrado ha concedido al Ayuntamiento de Reus una ampliación hasta el 9 de septiembre «para hacer las actuaciones procesales que corresponda».

El consistorio designó a un nuevo abogado en primavera para llevarel caso, y solicitó una extensión de la fecha límite para que pudiera estudiar la documentación en profundidad, de manera que la petición responde a motivos técnicos. El asunto ya estaría sobre la mesa del nuevo ejecutivo y las fuentes comentan que se querría analizar con calma la situación antes de tomar una decisión.

El plazo establecido originalmente se situaba a tan sólo ocho días de la constitución de los ayuntamientos después de las elecciones municipales. Con el ejecutivo saliente todavía en funciones, podría haberse considerado también que era más conveniente que fuera el nuevo gobierno encabezado por Sandra Guaita i Noemí Llauradó el encargado de determinar la línea de actuación, dado que, en el caso, están acusadas personas vinculadas con los tres partidos más votados, comoson el exalcalde Lluís Miquel Pérez o los entonces concejales socialistas Teresa Pallarès –actual portavoz del grupo municipal de Junts- y Joan Anton Verge –quien fue número 8 de la candidatura de ERC a los comicios.

Por su parte, la CUP sí que presentó escrito de acusación contra los 18 investigados. Los cupaires piden penas de prisión de entre dos y seis años y medio para los máximos responsables de Innova y los concejales que acordaron, en 2007, que el Ayuntamiento avalara la constitución de la empresa Shirota Functional Foods porun valor de tres millones de euros. En concreto, piden seis años y medio de prisión para Lluís Miquel Pérez; Josep Prat, exdirector del holding Innova; Esther Ventura, exdirectora económico-financiera del holding, y Natàlia Torrell, la secretaria de la entidad. A todos ellos también les reclama una multa por valor de 3.100.00 euros, el equivalente en el dinero que habría perdido el consistorio en la operación; una inhabilitación especial porel derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una inhabilitación absoluta para cargo o tarea pública en el ámbito local o autonómico durante 15 años. Para cinco concejales del gobierno liderado por Pérez y formado por PSC, ERC e ICV –Jordi Bergadà, Empar Pont, Àlex Martínez, Eduard Ortiz y Daniel Pi- se piden tres años de prisión y una inhabilitación de 10 años. Con respecto al resto de ediles, incluidos Pallarés y Verge, reclama dos años de prisión e inhabilitación.

El magistrado cerró en marzo la fase de instrucción con 18 investigados. El juez apreció indicios de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales para los políticos y los exdirectivos del conglomerado de empresas municipales Innova. El auto mantiene que, el 29 de febrero del 2008, la Junta General de Innova otorgó un «apoyo financiero a Shirota», que «implicaba que Innova era fiador de Shirota por un importe de 3 millones de euros». El juez observó «oscurantismo en toda la operación» y consideró que «el objetivo era favorecer la mercantil La Morella Nuts», propietaria parcial de Shirota.