El Ayuntamiento de Reus no presenta escrito de acusación por Shirota en la prórroga

El Ayuntamiento de Reus no presentó escrito de acusación por el caso Shirota durante el plazo que se había establecido de prórroga. El juez concedió una ampliación de tres meses para presentar los escritos, las peticiones de sobreseimiento, las solicitudes de abrir nuevas diligencias o hacer las actuaciones procesales que se consideraran oportunas, estableciendo el 9 de septiembre como nueva fecha límite. En estos momentos, el consistorio sigue analizando el caso con sus servicios jurídicos.

Fuentes municipales afirman que el Ayuntamiento «está estudiando» la cuestión y que el 9 de septiembre «no era el último momento procesal» para presentar el escrito de acusación. Asimismo, no descartan que se intervenga en otro punto del procedimiento. «En el momento oportuno, se analizará el tema», aseguran. Hay que recordar que el consistorio designó a un nuevo abogado en primavera para llevar el caso y solicitó una extensión de la fecha límite para que pudiera estudiar la documentación en profundidad y analizar con calma la situación, antes de tomar una decisión sobre qué acciones procesales llevar a cabo.

El plazo establecido originalmente, el 9 de junio, se situaba a tan sólo ocho días de la constitución de los ayuntamientos después de las elecciones municipales. Con el ejecutivo saliente en funciones, podría haberse considerado también que era más conveniente que fuera el nuevo gobierno, encabezado por Sandra Guaita, el encargado de determinar la línea de actuación, dado que, en el caso, están acusadas personas vinculadas con los tres partidos más votados en los comicios, como son el exalcalde Lluís Miquel Pérez o los entonces concejales socialistas Teresa Pallarès –actual portavoz del grupo municipal de Junts- y Joan Anton Verge –quien fue número 8 de la candidatura de ERC el 28 de mayo–.

Por su parte, la CUP sí que presentó escrito de acusación contra los 18 investigados. Los cupaires piden penas de prisión de entre dos y seis años y medio y una inhabilitación para los máximos responsables de Innova y los concejales que acordaron, en el 2007, que el Ayuntamiento avalara la constitución de la empresa Shirota Functional Foods por un valor de tres millones de euros. Para algunos de ellos, también les solicita una sanción económica.

El magistrado cerró en marzo la fase de instrucción con 18 investigados. El juez apreció indicios de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales para los políticos y los exdirectivos del conglomerado Innova. El auto mantiene que, el 29 de febrero del 2008, la Junta General de Innova otorgó un «apoyo financiero a Shirota», que «implicaba que Innova era fiador de Shirota por 3 millones de euros». El juez observó «oscurantismo en toda la operación».