Política
La CUP exige a la Generalitat que no cierre el ICASS
El grupo parlamentario ha pedido comparecencia del Secretario General y el Conseller de Derechos Sociales para dar explicaciones
La CUP pide a la Generalitat que no lleve a cabo el cierre, anunciado recientemente, de la residencia de abuelos de ICASS de Reus, la única de titularidad 100% pública en la ciudad. El grupo parlamentario de la CUP ha pedido comparecencia del conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, y del secretario general de Derechos Sociales, Oriol Amorós, para que den las explicaciones pertinentes de esta decisión.
El grupo municipal de la CUP de Reus considera totalmente inaceptable que la Generalitat de Catalunya ponga fin a este servicio esencial sin una valoración previa de las posibles mejoras y reparaciones que el edificio pueda necesitar. Para profundizar en esta evaluación, el grupo parlamentario también ha solicitado el informe técnico que quiere justificar el cierre de la residencia.
Mònica Pàmies, portavoz y concejala del grupo municipal, destaca que «la calidad de la atención en las residencias de titularidad pública no es igual en el de las alternativas privadas, centradas en la premisa en maximizar beneficios, y por lo tanto el Gobierno tiene que trabajar activamente para evitar su desaparición». Los cupaires subrayan que este servicio público es fundamental para garantizar la inclusión social, el acceso sin barreras económicas y asegurar una atención adecuada para la población de la tercera edad.
Como muestran las estadísticas, nuestra sociedad cada vez tendrá más necesidad de este servicio. «Es preocupante ver cómo la Generalitat parece no considerar ninguna otra opción, más allá del cierre del edificio por razones de seguridad. Para nosotros, el verdadero peligro radica en privar a las vecinas de Reus de este servicio cada vez más necesario», añade Pàmies.
Por otra parte, Laia Estrada, diputada de la CUP en el Parlament, insiste en la necesidad de «repensar el modelo de las residencias para las personas mayores, ya que la mayoría de ellas son gestionadas por empresas privadas, como lo puso de manifiesto la crisis de la COVID-19». «La actual Administración parece ir en la dirección contraria; tendría que ser la del refuerzo del control de las residencias públicas, en ningún sitio de la de perder las pocas que tenemos. Esta situación es inaceptable, especialmente cuando tenemos un gobierno que se supone que es de izquierdas», subraya la cupaire.