El informe ratifica la clausura de la residencia del ICASS en Reus

El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat presentó ayer el esperado informe técnico a representantes sindicales, trabajadores y familiares de la Residencia de Personas Mayores, conocidas como ICASS, un documento que ratificó la crónica de una muerte anunciada: se tendrá que dejar el edificio actual por la necesidad de efectuar reformas. «La existencia de problemas estructurales hace inviable que se puedan hacer las obras necesarias en el edificio sin trasladar a los residentes», apunta el Gobierno.

Aunque todavía no se ha determinado qué solución definitiva se tomará, el Departamento se ha comprometido a tenerla clara antes de finalizar el presente año. Las opciones sobre la mesa son rehabilitar el inmueble actual o construir un centro de nueva planta en Reus, escenario que ya se está estudiando con el Ayuntamiento. Con todo, también será necesario efectuar un traslado temporal del servicio, «priorizando que residentes y trabajadores vayan tan juntos como sea posible», en palabras del secretario general de Derechos Sociales, Oriol Amorós. Una de las posibilidades es alquilar las instalaciones de un centro nuevo y vacío en el sur; otra, mover a los usuarios a la residencia pública de Mercè, a Tarragona, a Horts de Miró, a Reus, o a otras plazas públicas de los alrededores. Por otra parte, se ha descartado habilitar el Antiguo Hospital «por la complejidad de las obras de adaptación necesarias», según apunta la Generalitat.

Carmen Mesas, trabajadora del centro y miembro del comité territorial de Derechos Sociales del sindicato IAC-CATAC en Tarragona, lamenta que no se haya conseguido mantener abierta la residencia, pero pide «que nos marchemos en bloque» porque «somos una gran familia». En este sentido, el Departamento apunta que los traslados se harán en grupos y de manera gradual y que empezarán la segunda quincena de enero. «No es un trabajo serio ni con juicio, están jugando con nosotros», manifiesta Mesas.

Según el informe, las problemáticas estructurales responden a la afectación por legionelosis de las cañerías, cosa que implicaría cambiar toda la fontanería; el incumplimiento de la normativa de incendios, que obligaría a hacer, entre otras actuaciones, un hueco para el ascensor; y el estado de las fachadas, de hormigón, afectadas por la humedad y el paso del tiempo. Con todo, Mesas considera que «no es un informe con una consistencia técnica ni unas explicaciones con una base fuerte como para justificar que nos tenemos que marchar de la residencia». La portavoz sindical señala que el documento «recoge un histórico de deficiencias que han ido viendo desde el 2004» y se pregunta que, si ya tenían conocimiento de estas irregularidades, «¿cómo han dejado pasar casi 20 años para hacer algo?». «Es una dejadez por parte del Departamento», asevera. El día 29, está prevista una nueva manifestación en las puertas del Parlamento.