Derechos Sociales insiste que se mantendrá el «servicio» de la Residencia de Personas Mayores de Reus y que sólo cierra el edificio

El Departamento de Derechos Sociales ha insistido en que se cerrará el edificio de la Residencia de Personas Mayores de Reus, pero que se mantendrá el «servicio» a causa de las deficiencias estructurales que sufre el inmueble. Lo ha dicho el secretario general de Derechos Sociales, Oriol Amorós, ante la Comisión de Derechos sociales del Parlamento.

Amorós ha explicado que los abuelos podrán ser trasladados en una residencia de gestión pública de Tarragona o a una privada de Reus, aunque mantendrían la plaza pública. En una rueda de prensa posterior, los trabajadores han reclamado que se traslade la residencia al centro Roger de Llúria, un equipamiento público gestionado por una empresa privada. Esta opción, sin embargo, Amorós no lo ha contemplado durante su intervención.

Los trabajadores han asegurado que la concesión con la Fundación Salud y Comunidad acaba el 31 de diciembre de 2023 y, por lo tanto, se podría pasar la Residencia de Personas Mayores en la de Roger de Llúria los próximos meses. Además, han apuntado que es un centro «puente» donde los abuelos están pocos meses antes de hacer el ingreso definitivo en otro lugar y si se apostara por esta vía, en pocos meses estaría vacía.

Amorós no ha dejado claro si se acabarán haciendo obras y se volverá a abrir el actual edificio, o si finalmente se cerrará definitivamente el equipamiento de la capital del Baix Camp. El secretario ha informado de que desde el departamento crearán una comisión paritaria con el Ayuntamiento de Reus para decidir la solución. Amorós ha comentado que hay tres opciones sobre la mesa. La primera ha sido propuesta por el consistorio, que sería que el antiguo hospital de Sant Joan albergara la residencia. La segunda opción es construir una residencia nueva y la tercera arreglar el edificio actual.

Las problemáticas estructurales que presenta el edificio son sobre todo de tres tipos: legionelosis, riesgo de incendio y riesgo estructural. Amorós ha subrayado que la recomendación de los técnicos es que el edificio se tiene que cerrar para hacer las obras correspondientes. «Es una intervención en todas las plantas», ha dicho Amorós, ya que hay que abordar toda la red de cañerías contaminadas. También ha comentado que tienen que hacer nuevos agujeros en el edificio para meter ascensores y escaleras. Además, hace falta una reforma más completa porque el agua se está filtrando por todo el edificio, llegando a la estructura de acero. «No caerá, pero se está degradando. Ya ha habido desprendimientos de fachada», ha afirmado.

Traslado de los abuelos y de los trabajadores

Amorós ha explicado que estaría la opción de trasladar temporalmente a los abuelos en otra residencia privada de Reus alquilando el edificio, pero el propietario de este no está interesado en un contrato temporal. Desde el Departamento de Derechos Sociales no quieren instalarse definitivamente en este espacio porque consideran que «no tiene la calidad suficiente para una residencia pública». Así pues, de momento los usuarios se distribuirán en otros centros de Reus y Tarragona.

Amorós ha insistido en que los trabajadores se reubicarán en otras residencias públicas. En este sentido, ha anunciado que los próximos días la Generalitat abrirá una mesa de negociación con los sindicatos para abordar el traslado. «Nos pondremos de acuerdo», ha vaticinado. Aunque desde CCOO, Glòria Boqué, ha ahogado este «diálogo» y «consenso».

Después de la comparecencia, trabajadoras y sindicatos de la residencia han hecho una rueda de prensa para mostrar su «frustración» en torno al plan de Derechos Sociales por el centro de Reus. Han denunciado que la situación actual es fruto de un «abandono» durante años porque el primer informe que advertía del mal estado del edificio es de 2004.

La CUP duda de los informes técnicos

Lo han hecho acompañadas de la diputada de la CUP, Laia Estrada, que ha remarcado que el cierre está «lleno de dudas y de contradicciones». Por eso, han reclamado todos los informes al departamento porque dudan de la «calidad» de estos escritos técnicos, y consideran que ha habido «negligencia» por parte de la administración pública. «Ahora se tiene que cerrar de forma inminente cuando eso se podría haber hecho con mucha más previsión, como mínimo desde el inicio de la legislatura», ha lamentado Estrada.