Una usuaria de la residencia de Reus sobre el cierre y el traslado: «Lo estamos viviendo con muchos nervios»

Paquita Besora vive en la residencia de personas mayores de Reus desde hace poco más de un año. En este tiempo ha encontrado en este equipamiento un hogar y una familia. «Hay gente que está en este centro desde hace más de 20 años. Aquí se les ha muerto la mujer, el marido o los hermanos,» ha apuntado Besora. En el centro, dice, la soledad se comparte y se suple con las relaciones establecidas con el resto de usuarios y trabajadores. Por eso, la residente considera que mover a las personas mayores a diferentes centros sería «como matarlos». De hecho, el anuncio del cierre y el traslado «se está viviendo con muchos nervios, porque nadie sabe que pasar». Junto con los familiares, siguen insistiendo en el Gobierno en que ejecute las obras «sin hacerlos fuera de casa».

Cuando el pasado 27 de octubre, después de la visita del secretario general de Derechos Sociales, Oriol Amorós, se anunció el cierre de la residencia de personas mayores de Reus, Paquita Besora fue una de las usuarias que se empezó a buscar un nuevo centro donde vivir. De hecho, ella explica que en aquella primera reunión, desde el departamento, ya les facilitaron un listado de otros equipamientos que hay a la ciudad donde podían ir.

Para Besora, las otras residencias de Reus «no se pueden comparar con esta», y los precios no tienen nada a ver. La usuaria asegura que en otro centro tendrían que pagar cerca de 3.000 euros para tener las mismas condiciones que en el equipamiento público. «Me dijeron que las habitaciones eran compartidas entre dos o tres personas y que, si estaba de suerte, podía tener un lavabo compartido entre todas las habitaciones adyacentes», ha denunciado Besora. Actualmente, ella dispone de una habitación con baño para ella sola.

«He estado en otras residencias. Una vez un hombre que no conocía entró en el lavabo a afeitarse mientras yo estaba dentro», ha puesto como ejemplo de lo que no quiere volver a vivir. «Eso es lo más humillante que te puedes encontrar a la vida», ha añadido. Por este motivo, Besora entiende y no se sorprende que después de estudiar las posibles alternativas, los usuarios y usuarias no quieran marcharse de la residencia pública de personas mayores de Reus. «Ya lo han mirado, pero ven que es peor», insiste.

Luchar en bloque

Besora, como los otros usuarios y familiares exigen a la Generalitat que encuentre la manera de hacer la reforma sin hacer ningún traslado, aunque sea provisional. No entienden que «los hagan fuera de casa» porque argumentan que «el equipamiento no está tan mal». Para seguir luchando por esta posibilidad, los familiares y usuarios, desde hace unas semanas, se han organizado para presionar unido y «en bloque» el Gobierno.

«Lo han hecho muy mal», ha afirmado Tarsicio Ros, marido de una usuaria de la residencia y uno de los portavoces del conjunto de familiares y usuarios del centro. Rubio ha defendido que la Generalitat tendría que priorizar el bienestar de los residentes y tomar las decisiones con las familias «en cuenta de «echar a la calle a todas las personas que viven» en el centro reusense. «No lo podemos consentir», ha declarado.

Movilizaciones y acciones legales

La agrupación estudia incluso emprender acciones legales, e incluso hacer un encierro en el centro, porque aseguran que varios arquitectos han certificado y confirmado que el inmueble no tiene deficiencias estructurales, contrariamente a lo que dice el informe técnico de Derechos Sociales. Ante esta situación, familiares y usuarios exigen a la Generalitat «un informe técnico real» que justifique qué hay que hacer y los motivos que obligan a trasladar a los residentes y desalojar el inmueble. De hecho, Rubio ha recordado que el año 1991 se hicieron obras en el equipamiento con los usuarios dentro. «Por qué ahora no se puede hacer», cuestiona.

Según Joan Vendrell, otro de los portavoces de los familiares y usuarios del centro, hay plantas vacías que se pueden habilitar para acoger a los abuelos mientras se hacen obras en las otras zonas, «como se ha hecho en otras residencias», en referencia la residencia Virgen de la Mercè de Tarragona. «Una residencia pública no se puede cerrar porque sí. Tiene que haber motivos muy graves», ha recriminado Vendrell, aunque el departamento insiste en que lo son porque se tiene que resolver «problemas detectados de legionelosis, riesgo de incendio y riesgo estructural», así como el cumplimiento «de la normativa de accesibilidad» y con la distribución de espacios para una residencia «del siglo XXI».

Solos y abandonados

Joan Vendrell teme que el Gobierno no los está explicando toda la verdad. «No ver las cosas claras hace que estemos indignados», ha subrayado. «Nos sentimos solos y abandonados», ha dicho. Los familiares y los usuarios mantienen la esperanza que la Generalitat dé un paso atrás y que finalmente no ejecute el traslado que ha anunciado que empezará la segunda quincena de enero y se irá haciendo de manera gradual, de acuerdo con las preferencias de los familiares.

La propuesta de la agrupación es que si se tiene que hacer el traslado, que lo hagan «en bloque», con todos los trabajadores y usuarios a un mismo centro. «La máxima preocupación que tenemos es que no se rompan los vínculos», ha apuntado Vendrell, como también ha pedido Antònia Romero, madre de una residente. «Es su casa», ha reivindicado. «Si se marchan de aquí, lo perderemos todo».