Los trabajadores del 112 mantendrán la huelga para exigir al Gobierno la internalización del servicio

Después de más de cinco meses de huelga y protestas los trabajadores del servicio de atención del teléfono de emergencias 112 mantendrán las paradas para exigir al Gobierno la internalización. Los sindicatos han dado cuenta del estado actual del conflicto este miércoles desde el Parlamento, donde han exhortado a los diferentes grupos -aseguran contar con el apoyo de todos los partidos excepto Vox- a «dejar de hacer cálculos y tomar seriamente las emergencias de Cataluña».

Han reclamado al Gobierno que haga efectiva la internalización y no prorrogue a Ferrovial el contrato de gestión, que finaliza este mes de marzo. Recuerdan que la Generalitat lleva sancionando a la multinacional durante catorce meses consecutivos por deficiencias en el servicio.

«Necesitamos un servicio de emergencias profesional. De momento, el Gobierno prefiere pagar 20 millones de euros a un intermediario que invertir en un buen servicio de emergencias eficiente y de calidad», ha argumentado el representante de la CGT en el centro 112 de Reus, Martí Vallvé. Según ha recordado, existe en torno a la gestión del teléfono de emergencias un «conflicto laboral y de intereses» con el Gobierno como principal protagonista.

Ha denunciado la situación de «precariedad» de la plantilla, con un 90% con contratos a tiempo parcial y regidos por el convenio laboral de telemarketing. Vallvé ha advertido que la sobrecarga de trabajo repercute en un servicio deficiente en la ciudadanía dejando de atender llamadas. «Seguiremos en huelga. Queremos la internalización y un convenio propio; la reducción de la jornada de trabajo para acabar con estrés y ansiedad», ha concluido.

El representante sindical del centro reusense ha celebrado que los trabajadores de la zona Franca se hayan añadido recientemente a la huelga. El representante de CCOO en este último centro, Eduardo Ortega, ha puesto también sobre la mesa, más allá de la precariedad, la falta de protocolos y profesionalización de los responsables de servicio así como la existencia de diferentes casos de acoso, laboral y sexual, que no se alargan desde hace meses y no se habrían canalizado adecuadamente.

Ortega cree que la internalización permitiría solucionar estos problemas. En este sentido, ha exigido a la Generalitat que se responsabilice directamente pronunciándose sobre el estudio de internalización presentado hace un año. «Seguimos pendientes de la respuesta al estudio de internalización un año después. Queremos remarcar que tenemos el apoyo de los grupos parlamentarios y sólo nos falta saber por parte de la consejería si se aprueba y si es viable», ha cerrado.