La Cámara de Reus trabaja para solicitar una IGP para el vermut del territorio
La corporación mantendrá conversaciones con marcas, productores y la agencia Reus Promoció
Fotografía de archivo de un vermú siendo servido en el Museo del Vermú de Reus.
La Cámara de Comercio de Reus continúa con la intención de solicitar una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el vermut del territorio, ahora con Mario Basora como presidente. «La voluntad de crearla está y tenemos que empezar a arrancar», apuntan fuentes de la entidad, que aseguran que el proyecto cuenta con «el apoyo técnico por parte de la Generalitat y el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural». Con todo, hará falta seguir trabajando y «tenerlo bien alineado» antes de presentar la petición formal.
Quedará «definirlo territorialmente». También, «acabar de ver si a escala de marcas comerciales y productores de vermut del territorio de la Cámara de Reus lo perciben positivamente para poder empezar a caminar». Algunas marcas han explicado a Diari Més que todavía no tienen conocimiento de la propuesta. Asimismo, a pesar de haberse producido un primer contacto, uno de los deberes pendientes será reunirse oficialmente con la agencia Reus Promoció, promotora de la marca Vermut de Reus.
La concejala jefe del área de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó, detalla que «tenemos previsto un encuentro con la Cámara para hablar, entre otros, de este proyecto.» Desde la concejalía, «nos posicionamos a favor de todo lo que nos suponga potenciar el producto de proximidad y la mejora de la calidad y, por descontado, de acciones de este tipo que supondrían más promoción y difusión», señala la edil. «Estamos al lado de los proyectos que nos ayuden a promover la ciudad y a hacer marca, aunque este trabajo en concreto es a largo plazo», concluye Llauradó.
De hecho, la corporación apunta que tramitar una IGP es un procedimiento que se lleva a cabo «a escala de organismos e instancias europeas» y detalla que, desde el inicio del proceso hasta la obtención de una resolución afirmativa, pueden pasar «entre 24 y 36 meses».
El Gobierno considera que el IGP es una designación que define los productos que poseen «alguna calidad determinada, una reputación o alguna otra característica que pueda, esencialmente, atribuirse a su origen geográfico». Asimismo, una de sus fases de producción tiene que tener lugar en la zona geográfica delimitada.