El entorno del ICASS de Reus recoge 9.200 firmas contra su cierre

El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya tenía previsto empezar los traslados temporales de los residentes de la Residencia de Personas Mayores de Reus, popularmente conocida como ICASS, durante la segunda quincena de enero, pero, hasta ahora, las negociaciones no han sido fluidas. Desde el primer momento, los representantes de los trabajadores y los familiares han expresado su rechazo con la decisión de dejar el edificio actual. A estas alturas, ya han recogido unas 9.200 firmas para mostrar su disconformidad con la situación que están viviendo. Al llegar a las 10.000, prevén presentarlas al Ayuntamiento.

«Les decimos que hagan las obras con los abuelos dentro», expresa Carmen Mesas, trabajadora del centro y miembro del comité territorial de Derechos Sociales del sindicato IAC-CATAC en Tarragona. El Departamento anunció en noviembre que los usuarios y la plantilla tendrían que dejar el inmueble al considerar que es «inviable» llevar a cabo las reformas manteniendo la actividad. El informe del Gobierno catalán determinó que existían «problemas estructurales», concretados en afectación por legionelosis, riesgo de incendio y deterioro de las fachadas.

«Nosotros queremos que las obras se hagan de manera tal que no tenga que salir de la residencia y que estén por sectores», declara la presidenta del comité territorial de Derechos Sociales de CCOO en Tarragona, Glòria Boqué, quien afirma que «el tema continúa encallado en el mismo lugar: nosotros decimos que es posible y ellos, que no». «No tiramos ni adelante ni atrás, estamos igual que hace cuatro meses», añade Mesas.

Ayer, un grupo de trabajadores y familiares del ICASS se manifestaron delante la sede de Derechos Sociales en Barcelona. Mesas explica que la semana pasada, los representantes de la plantilla se reunieron con el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano. En la reunión, se les comentó que los trámites administrativos previos a las obras podrían alargarse «dos años».

Boqué y Mesas recuerdan que, además, las familias compartieron las quejas con el Síndico de Agravios y que un residente presentó una denuncia contra Derechos Sociales. Adicionalmente, registraron una petición de reunión con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. «Con la gente del Departamento no se puede hablar, siempre nos explican lo mismo, y quizás él nos escucha», espera Mesas, quien detalla que, también, han propuesto que otro arquitecto elabore un segundo informe técnico.

A pesar de todo, Derechos Sociales confía en que los traslados empiecen «las próximas semanas» y que «se alarguen el tiempo necesario para hacerlos con la máxima garantía para el bienestar de los residentes», según detallan a Diari Més fuentes del Departamento, que subrayan que los movimientos «se harán en grupos pequeños y de manera gradual». Hay que recordar que se habló de trasladar a los usuarios a la residencia de la Mercè, en Tarragona, y a la de Horts de Miró. En caso de ser necesario ir a Tarragona, Boqué pide «que paguen el transporte» o que se habilite un autobús que desplace a trabajadores y a familiares.