Reus activa un proceso participativo para definir los criterios reguladores de la ZBE

La ordenanza municipal reguladora de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ya se contempla en el horizonte. El Ayuntamiento de Reus ha puesto en marcha el proceso para redactar el documento que definirá normativamente los criterios de acceso y circulación por el área restringida, así como las excepciones que se concreten. El primer paso ha sido la activación de una consulta pública en la que la ciudadanía, a través de la plataforma Reus Participa, propondrá consideraciones que se tengan que tener en cuenta a la hora de definir la ZBE.

Esta será una de las patas de un proceso participativo con diferentes ramificaciones que servirá para «dar contenido y sentido a la ordenanza» y para avanzar «con el máximo consenso posible», según señaló ayer la concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Dolors Vázquez. Se trabajará en los ámbitos político, con la constitución de una comisión específica para la elaboración de la ZBE, con todos los grupos municipales, técnicos especialistas del consistorio y representantes de entidades sectoriales, y técnico, con la ya constituida comisión transversal de técnicos vinculados al proyecto.

Asimismo, se tendrá que ir «de la mano» de los municipios del entorno y, en este sentido, se llevarán a cabo reuniones con la Autoridad del Transporte Metropolitano y el Ayuntamiento de Tarragona. Adicionalmente, en marzo, se convocará una jornada abierta a la población para brindar información.

La ordenanza «dará forma y enumerará los criterios de acceso, las excepciones, el calendario de aplicación, quien podrá entrar y circular...», comentó la edil. La Zona de Bajas Emisiones entendida en el sentido amplio, a falta de concretar los criterios concretos, cubrirá 2,68 kilómetros cuadrados de Reus; en un área donde reside el 66% de la población. La voluntad del Ayuntamiento es que la normativa reciba luz verde definitivamente durante el último trimestre del 2024.

La concejala Vázquez recordó que la implantación de una zona restringida al tránsito rodado viene determinada por un mandato legal y que responde a dos «objetivos irrenunciables», como son la mejora de la salud de la ciudadanía y la lucha contra el cambio climático. En este sentido, afirmó que la ZBE no es «un hecho aislado» y recordó que también se está haciendo una apuesta por la movilidad sostenible, con acciones como la pacificación de la circulación, el despliegue del sistema de bicicleta compartida y el impulso del transporte colectivo.

Asimismo, según adelantó El Periódico, el Gobierno flexibilizará la regulación que está preparando para las ZBE y retrasará hasta el 2027 las limitaciones en los vehículos con etiqueta amarilla. Esta flexibilización también permitiría que las ZBE sean supramunicipales, como podría ser el binomio Reus-Tarragona.