Govern y plantilla del ICASS de Reus acuerdan el traslado temporal a otros centros

El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya y el comité territorial de empresa en Tarragona han llegado a un acuerdo para trasladar temporalmente a los trabajadores de la Residencia de Personas Mayores de Reus, popularmente conocida como ICASS, mientras se lleven a cabo las obras de rehabilitación del edificio. La medida afectará a unas ochenta personas, que cubrirán vacantes o reforzarán el servicio en otros equipamientos titularidad del Departamento.

«En el comité, nos hemos visto obligados a negociar porque otra opción no es posible», asevera la presidenta del comité territorial de Derechos Sociales en Tarragona, Glòria Boqué. «Nos vemos obligados a estar en negociaciones para que, si un día se formalizan los traslados, sean con las mejores condiciones posibles, pero mantenemos que no queremos marcharnos de Reus», clarifica.

La mayor parte de la plantilla —una setentena de empleados— desarrollará su actividad en la Residencia de Personas Mayores de Mercè, en Tarragona, si bien otros estarán destinados a l'Espluga de Francolí, Móra d'Ebre o en otros espacios de la capital de provincia, como el Centro de Acogida La Mercè o los Servicios Territoriales de Derechos Sociales.

De hecho, Boqué explica que, al recibir un formulario preguntando sobre los destinos preferidos para los traslados, «todo el mundo» puso Reus como primera opción. Las negociaciones se han mantenido para intentar «mantener las mejores condiciones económicas y, si se tienen que hacer los traslados, que sea al más cerca de casa y con el horario más parecido posible», detalla Boqué, quien añade que, en cada reunión, «hemos matizado que nuestra voluntad es no marcharse de Reus».

Uno de los acuerdos a los que se ha llegado es que se contratará un servicio de autobús entre Reus y Tarragona para los trabajadores que se tengan que desplazar con motivo del traslado temporal de su puesto de trabajo. La presidenta del comité territorial especifica que era «una de las condiciones que pusimos» porque la movilidad es «un gasto sobrevenido para el personal que se ha visto afectado a marcharse a otro centro».

Derechos Sociales también se ha comprometido a mantener las condiciones laborales del personal en el momento en el que vuelva el servicio a la actual infraestructura reusense. Se estima que las obras durarán unos cuatro años y que costarán entre 9 y 12 millones de euros.

El traslado de los usuarios

El Departamento de Derechos Sociales apunta que iniciará, en los próximos días, un proceso de valoración caso por caso para tener en cuenta las preferencias de los usuarios y de las familias y, de esta manera, poder empezar sus traslados. Boqué detalla que los desplazamientos del personal se pondrán en marcha «cuando empiecen los movimientos de los residentes», pero matiza que el Gobierno se guardó la carta de «si necesitan que alguien sea trasladado antes, lo harán». «Estamos expectantes que empiecen los contactos con familiares para ver qué y cuándo proponen trasladar a los residentes y, entonces, preparar medidas más contundentes para no marcharse del centro», concluye.