Gente mayor
El traslado del ICASS, escalonado para el gobierno y «dramático» para algunos usuarios
El Gobierno asegura que no ha habido ninguna incidencia, pero las familias consideran que se les está coaccionando
Imagen del exterior de la residencia ICASS de Reus.
Las familias y usuarios de la residencia de la avenida del Segle XX de Reus y el Departamento de Derechos Sociales siguen estando en posiciones totalmente contrapuestas. Por un lado, desde el Gobierno aseguran que el traslado de usuarios se está llevando a cabo «sin incidencias y de manera escalonada» y de acuerdo con las preferencias expresadas previamente por parte de las familias, mientras que portavoces de las familias y trabajadores aseguran que se está viviendo como un drama.
«Todo este proceso se está viviendo con mucha angustia al fin y al cabo. No sé cuántos se han marchado ya, pero aquí cada día se marcha gente y se van todos llorando», describe una de las portavoces y trabajadora de la residencia. Además, también asegura que «se les ha coaccionado y presionado durante estas últimas semanas para que se marchen. Ponen la excusa de que hay problemas estructurales en el edificio, pero todavía no hemos visto ningún informe técnico que lo acredite. No ha habido ningún tipo de diálogo».
Por su parte, el Gobierno lo justifica afirmando que las obras no son compatibles con el servicio. Además, para garantizar las plazas en otras residencias, desde el departamento se ha ampliado el convenio vigente con el Ayuntamiento de Reus para poner en marcha la cuarta planta en la residencia Horts de Miró, con un total de 29 plazas. «La voluntad de Derechos Sociales es reforzar el parque de plazas públicas para que la afectación de las obras en la residencia Segle XX tenga el menor impacto posible», afirman en un comunicado.
14 MEUR que no convencen
El Gobierno aprobó el pasado martes el encargo de la reforma integral de la residencia a Infraestructures.cat con una partida presupuestaria de 14 millones de euros. Con esta acción, desde el departamento se quería afianzar el compromiso alcanzado con usuarios, familiares y personal del centro y blindar las obras.
No obstante, ni esta suma importante de fondos públicos ha sido capaz de convencer a los usuarios y familiares: «Desde las familias eso no se lo cree nadie y mantenemos la misma postura hasta que no haya nada por escrito. No sabemos qué se hará ni qué pasará, no hemos visto ningún proyecto hasta ahora».
Además, la portavoz señala que es tan importante saber lo que se hará en las obras, como lo que pasará posteriormente: «Queremos que si se vuelve a abrir sea una residencia totalmente pública. No deseamos que se repitan situaciones como la de Roger de Llúria, en la que la residencia es de titularidad pública, pero después la gestión es privada, que es lo que sospechamos que puede pasar».
Situación de los trabajadores
Por otra parte, la situación de la plantilla estaría resuelta desde el punto de vista del Departamento, ya que este alcanzó un acuerdo con los representantes para ser trasladados a otras residencias. Además, este traslado también se hace de manera gradual, en función del ritmo de traslados de los residentes.
No obstante, esta es la situación para los trabajadores directos de la residencia, pero no para aquellos que lo son indirectos. «Por ejemplo, servicios como el de cocina o de limpieza no son trabajadores de la residencia, sino que son de una empresa externa. A estos no se les traslada a otro sitio, sino que se quedan directamente sin trabajo», denuncia contundentemente la portavoz.
