Plataforma per la Llengua denuncia una discriminación lingüística a un centro de salud mental infantil y juvenil de Reus

Plataforma per la Llengua ha denunciado que una psicóloga del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) de Reus, gestionado por el grupo Pere Mata, se habría negado a atender a una usuaria porque se dirigía a ella en catalán. La entidad considera inadmisible la respuesta del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, que ha justificado la situación refiriéndose a la «supuesta vulneración de derechos por el hecho de ser atendidos en castellano».

Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de septiembre, cuando una madre, preocupada por el estado de su hijo con síndrome de Asperger, contactó con el centro. Después de ser redirigida a una psicóloga que no conocía, la madre inició la conversación en catalán. Según la denuncia, la sanitaria la interrumpió, exigiendo que le hablara en castellano, afirmando que, si no lo hacía, no la podría atender. Aunque la madre acabó explicando el caso en castellano, expresó su preocupación para que en un centro de salud mental infantil y juvenil no se respetara la lengua de la paciente. La psicóloga, según la madre, intentó colgar la llamada en varias ocasiones.

Plataforma por la Lengua, que ha dado apoyo a la familia desde el primer momento, ha trasladado el caso a la Subdirección General de Evaluación e Inspección Sanitarias. La entidad señala que esta discriminación no es un caso aislado, ya que en el 2023 recibieron 221 quejas por discriminaciones lingüísticas en el ámbito de la salud en Cataluña, más del doble que en el 2022, y este 2024 ya llevan 197.

La respuesta del Departamento de Salud ha estado, según la entidad, insuficiente y preocupante. A pesar de reconocer la «incidencia», la jefa de la Unidad de Atención al Ciudadano ha justificado la actuación de la profesional sanitaria por el hecho de ser «recién llegada» y no tener todavía un dominio suficiente del catalán para atender situaciones de urgencia. Plataforma per la Llengua considera que esta explicación no exime de responsabilidad ni a la psicóloga ni al centro, que tiene la obligación de garantizar que sus profesionales cumplan los requisitos lingüísticos necesarios para atender correctamente a los usuarios.

La entidad denuncia que, a pesar de la promesa de revisar el caso, no hay ningún compromiso firme para sancionar la discriminación ni para implementar medidas que eviten situaciones similares en el futuro. Eso hace temer que, como en otras ocasiones, la discriminación lingüística vuelva a quedar impune.