Política
El Consell Comarcal del Baix Camp da el primer paso para resolver el conflicto laboral
La oposición, a pesar de celebrarlo, remarca que la solución al conflicto llega muy tarde
Fotografía de archivo del pleno del Consell Comarcal del Baix Camp.
El Consell Comarcal del Baix Camp aprobó el pasado martes 11 de febrero en un pleno extraordinario y por unanimidad la nulidad del acuerdo de tablas salariales del pleno del 27 de diciembre de 2022 y, en consecuencia, puso en marcha el procedimiento de contratación de los servicios que elaborarán una nueva RLT. Esta tiene como objetivo resolver el conflicto abierto entre la dirección política del ente supramunicipal y los trabajadores del órgano que, durante el pleno, hicieron acto de presencia en la sala, pero sin actuaciones de protesta.
El objetivo es garantizar las mejoras de las condiciones laborales que no se pudieron llevar a cabo el año 2022. «Esperamos sacar adelante con los acuerdos tomados con la máxima celeridad posible y trabajaremos para definir una comisión de la RLT donde todas las partes estarán representadas», afirmó el presidente del Consell Comarcal del Baix Camp, Ernest Roigé.
«En este mandato hemos tenido la sensación de que se podría haber ido más deprisa y siempre se acaba aprobando más tarde. Podríamos haberlo aprobado en diciembre o enero y no pudo ser», aseveró el portavoz de NMC, Oliver Klein.
Por su parte, la portavoz de la CUP, Mònica Pàmies, también remarcó que se había actuado muy tarde y reclamó tener en cuenta a los representantes de los trabajadores durante el procedimiento: No hay manera de justificar que un conflicto que inició en 2022 haya tenido que esperar en el 2025 para empezar el primer paso por resolverse. Es vergonzoso». «Hoy empezamos de cero, pero han pasado dos años y medio», añadió en la misma línea el portavoz de Ara, Daniel Rubio, que también exigió establecer un calendario y objetivos para hacer un seguimiento.
Por su lado, el portavoz del PP, David Chatelain, recordó que esta situación fue provocada por una infracción del ordenamiento jurídico y reclama que no se repita: «Ponemos un punto final a esta cuestión, empezamos de cero y esperamos llegar a buen puerto, pero también nos tiene que llevar al hecho de que estas cosas no pasen en la administración pública».