El juez alarga un año y medio la instrucción del caso Jaume I

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona que se ocupa del caso Jaume I ha declarado de «carácter complejo» la instrucción de la causa. Este hecho se traduce en una ampliación del plazo de instrucción de hasta 18 meses a contar desde la fecha de exploración del plazo semestral fijado con que, en este caso, se agotaba este mes de junio. Así, lo notificó mediante un auto este viernes el magistrado, aunque la parte denunciada podrá recurriresta decisión interponiendo el primer recurso en el plazo de tres días y, el segundo, en un periodo máximo de cinco días.

Hay que destacar que esta decisión se enmarca dentro de la modificación de la ley del Enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación, LECrim, que entró en vigor el pasado diciembre. Así, se limitaba a seis meses el tiempo máximo para terminar la investigación de un caso como el del Jaume I –que llegó a los juzgados a raíz de la denuncia de la plataforma Veu Ciutadana, el año 2008– y que, en consecuencia, se habría tenido que cerrar este junio. La designación de las diligencias de investigación como complejas había sido una petición a dos bandas|lados. En primer lugar, la parte denunciante del caso, la plataforma vecinal Ve Ciudadana, pidió al juez esta ampliación, a la vez que lo solicitó el fiscal. Así, desde la Fiscalía Provincial de Tarragona pidieron, el pasado 31 de marzo, que se procediera a declarar la instrucción del caso como compleja portal «de exigir el examen de abundante documentación» y «revisar la gestión de una persona jurídica pública».

Por otra parte, el Ayuntamiento de Tarragona se oponía a esta ampliación. A través de un escrito registrado el pasado 13 de abril, el consistorio justificaba porque no consideraban la causa como compleja y destacaban que «se confunde aquello que es un contrato de obra municipal, que no es el caso, en una concesión demanial encima de un bien de dominio público que, efectivamente, es el supuesto del expediente que se contempla». Estas palabras ya se presentaban como futuras alegaciones y pedían que no se decretara la complejidad de las presentes diligencias previas.

Un coste de 30 millones de euros

El caso del Jaume I se remonta quince años atrás, cuando el Ayuntamiento de Tarragona adjudicó lo que tenía que ser un parking inteligente, el año 2001. Desde entonces, este equipamiento ha supuesto el coste de 30 millones de euros, hecho que supone casi diez veces más del presupuesto inicial, cifra en la cual hay que sumar hasta un millón de euros anuales en costes de mantenimiento y seguros. El juzgado investiga los supuestos delitos de prevaricación de autoridades o funcionarios, malversación y fraude, mientras que el Ayuntamiento de Tarragona aparece como parte perjudicada responsable civil subsidiario y Aparcamientos Municipales de Tarragona también se sitúa como responsable civil subsidiario.