El exjefe de gabinete de la alcaldía, en libertad con cargos después de negarse a declarar ante la Guardia Civil

La Guardia Civil ha realizado, a lo largo de este miércoles, un total de once cacheos en ayuntamientos, despachos profesionales y domicilios particulares en varias localidades de Tarragona y Barcelona por|para el caso Inipro. El operativo ha detenido a cuatro personas relacionadas con la investigación, dos empresarios, un cargo público y un ex cargo público. Este último es Gustavo Cuadrado. Se les imputa delitos contra la administración pública.

En el registro en el Ayuntamiento de Tarragona, se ha accedido a un servidor para obtener datos relacionados con uno de los detenidos. Además, agentes de la Guardia Civil se han personado en el domicilio y en el despacho de Cuadrado para recoger más información relacionada con el caso.

Con respecto al resto de detenidos, el cargo público es el primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín García. Los empresarios detenidos son Ricard Campàs, uno de los administradores de Inipro, y Enrique Miró, administrador de la empresa Itinere Serveis Educatius SL.

Aparte de los cacheos hechos en Tarragona, se han hecho también en los Ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans, en dos empresas de Barcelona y Viladecans, un despacho profesional en Viladecans y otro en Reus y así como los domicilios de todos los detenidos.

Las actuaciones están bajo secreto de sumario y están tuteladas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona.

La oposición reclama explicaciones

Los portavoces de los principales grupos de la oposición al Ayuntamiento de Tarragona han lamentado este miércoles que la ciudad se haya visto salpicada porun caso de corrupción, a raíz deun nuevo registro de la Guardia Civil al consistorio y de la detención delexjefe de gabinete de alcaldía, Gustavo Cuadrado. C's, ERC, CDC y la CUP han reclamado al alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que dé explicaciones sobre los hechos. La oposición ha puesto de manifiesto que, cuando Cuadrado dejó el cargo «por sorpresa» a finales de octubre del año pasado, el gobierno municipal negó que tuviera relación con el estallido del caso Inipro. Los portavoces de estas formaciones han constatado también que las presuntas irregularidades de contratación se habrían producido, también, más allá de Tarragona.

La portavoz del grupo municipal de la CUP y denunciante del caso Inipro, Laia Estrada, ha reivindicado otra vez la petición, efectuada ya el mes de enero pasado, que dimita el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros. «O bien no estaba al corriente de nada y en todo este tiempo tampoco ha sido capaz de aclarar nada, cosa que sería negligencia, o bien estaba al corriente de todo y era cómplice de los presuntos delitos,» ha resumido Estrada. La denunciante del caso, de que ejerce de acusación popular en la investigación dirigida por el juzgado número 1 de Tarragona, ha añadido que Tarragona «importó un caso que ya operaba en el área metropolitana de Barcelona». También ha vuelto a reclamar que «se aclare cómo el ayuntamiento escogió la empresa Inipro y qué intereses hay detrás».

Por su lado, el portavoz de Ciutadans, Rubén Viñuales, se ha sumado a esta petición de explicaciones al alcalde y ha señalado que se confirman las sospechas que el caso afecta más ayuntamientos socialistas. A diferencia de Floria, Viñuales no se ha mostrado sorprendido por|para la detención de quién fue la mano derecha de Ballesteros, a quien dimitió pocos días después de los primeros registros de la Guardia Civil en suyos municipales aduciendo motivos personales.

El portavoz republicano, Pau Ricomà, ha coincidido en la valoración de Viñuales y ha recalcado que pedirán «explicaciones claras» a Ballesteros.

«Una mala praxis», dice el Gobierno

El equipo de gobierno de Tarragona ha insistido hoy en calificar el caso Inipro de «mala praxis», según ha declarado la concejala y portavoz del gobierno, Begoña Floria, después de la detención del exjefe del gabinete de alcaldía Gustavo Cuadrado.

Florecía, en declaraciones a los medios, ha manifestado que el consistorio está «a total disposición de la justicia» y ha insistido en que el caso Inipro son «irregularidades en la gestión, pero entendemos que no hay objeto penal y que se trata de una mala praxis». La concejala se ha mostrado sorpresa ante la detención de Gustavo Cuadrado.