GiPPS asegura que cada agosto cierra 39 camas para hacer mantenimiento
La dirección de la empresa niega que la atención a los usuarios haya variado cuantitativamente ni cualitativamente respeto los años anteriores
Después de las denuncias efectuadas por los sindicatos Metges de Catalunya, SATSE y CGT sobre el cierre de camas, rebaja de sueldos y falta de personal durante el verano en el Hospital SociosanitariFrancolí de Tarragona, la dirección de la empresa GestióiPrestacióde Serveis de Salut(GiPPS), gestora del centro, ha respondido este juevesque, como cada mes de agosto, se cierran 39 camasdel hospital a causa de «la bajada de la actividad y la necesidad de utilizar este periodo para realizar tareas de mantenimiento de las habitaciones». En referencia a los 42 pacientes, que según los sindicatosesperan una plaza en el centro, la dirección ha afirmado en un comunicado que, a día de hoy, realmente son 11 los que se encuentran en lista de espera.
En este sentido, según los datos facilitados por la empresa, la lista de espera compartida -de pacientes ingresados a Joan XXIII pendientes de ingreso en otros centros- es sólo de 21 personas, de las cuales seis están pendientes de ingreso en otros sociosanitarios alienos aGiPSS y, otros cuatro, son pacientes agudos que precisan, porsu patología, permanecer en planta en el Hospital Joan XXIII. Los once restantes son los que realmente están en la lista de espera de ingreso en el Hospital Sociosanitario Francolí. De estos, ocho son de UFISS de Geriatría -convalecencia y larga estancia- y, los tres restantes, son de UFISS de Curas Paliativas.
La dirección de GiPPS afirma que, en base a la memoria de actividad del año pasado, la media de tiempo de espera por ingreso en el Hospital Sociosanitario Francolí, previa valoración de UFISS de Curas Paliativas, es de 0,36 días desde el servicio de Urgencias y de 3,3 días desde planta de hospitalización del Hospital Joan XXIII. Por otra parte, la media de tiempo de espera de los pacientes que tienen que ingresar en el Sociosanitario Francolí, previa valoración de UFISS Geriatría, es de 5,12 días desde plantas de hospitalización, según la compañía.
Negación del recorte de sueldos
Con respecto a la atención de incidencias en el Hospital Sociosanitario Francolí, GiPPS sostiene que «en ningún caso ha quedado desatendida ninguna urgencia». Así, afirma que, de día, las urgencias se cubren con medios propios y, durante las noches, festivos y fines de semana, mediante un convenio con el ICS -Hospital Joan XXIII-. En referencia a la denuncia de los sindicatos que, en julio, se recortó el sueldo al 29% de la plantilla, GiPPS lo niega y asegura que la medida responde a la aplicación del Decreto Ley 3/2010 de la Generalitat de Catalunya del 29 de mayo porel cual el salario de 2016 no puede superar la cantidad recibida en el salario de 2010, una vez descontado el 5% de la mencionada cantidad. Esta obligación también se recoge, afirma GiPPS, en el Convenio SISCAT en vigor en su Disposición Adicional Primera.
En el comunicado, la dirección afirma que, con fecha de 6 de julio, la dirección emplazó al Comité de Empresa a una reunión celebrada el 15 de julio para tratar esta cuestión. En la misma se trasladó por parte de la empresa a los representantes que asistieron la forma como se aplicará este mandamiento y el impacto que tendrá entre todo el personal de GiPSS. Posteriormente, en fecha 22 de julio, la gerencia y personal directivo de GiPSS se volvió a reunir con los representantes del Comité de Empresa y del Sindicato CGT «con el fin de informarlos de la legalidad de la medida en base a las sentencias favorables del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya». El comunicado subraya que la Dirección de Recursos Humanos «se puso a disposición de todo el personal de la empresa con el fin de informar y resolver dudas en torno a este hecho» y que un total del 50% de la plantilla de GiPSS -aquellos que lo solicitaron-, se los atendió personalmente. Finalmente, GiPPS asegura que, en julio, la empresa entregó a los representantes de los trabajadores una auditoría externa firmada por el interventor. A su vez, los sindicatos reclaman una auditoría de gestión.