Un informe judicial concluye que el contrato de Inipro era totalmente nulo

Un informe judicial concluye que el contrato de la empresa Iniciativas y Programas (Inipro) con el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMMS) de Tarragona era nulo de plenoderecho.

Laia Estrada, portavoz del grupo municipal de la CUP y denunciante del casoque instruye el juzgado número 1 de Tarragona, ha informado este lunes de que pedirán explicaciones en el pleno de este viernes. «O el alcalde lo sabía, y por lo tanto es cómplice, o no lo sabía, y por lo tanto es negligencia», ha dicho en referencia al alcalde Josep Fèlix Ballesteros, que siempre ha mantenido que autorizó el pago de las facturas porque los trabajos estaban hechos.

No obstante, un informe del Interventor del Estado concluye que ni siquiera se puede acreditar que los trabajos estuvieran hechos y que, en cualquier caso, eran nulos de pleno derecho.

En el 2010, Inipro facturó 56.492 euros; el año siguiente, 102.607, un 81,63% más sin ninguna justificación, y el 2012, 95.976 más que se pagaron con la autorización del alcalde a pesar de advertencias de irregularidades. El mes de enero pasado, el juez pidió al Ayuntamiento de Tarragona la documentación acreditativa de los trabajos realizados, como las memorias, y «la del 2012 ni está fechada en el registro», ha detallado este lunes Estrada. «Una vez sabemos que los juzgados consideran que no se puede acreditar, entendemos que quien tendría que dar explicaciones en rueda de prensa es el alcalde», ha apostilladola portavoz de la CUP.

Estrada sospecha que «es un caso de financiación irregular del PSC» y ha advertido que inquirirán saber «de quién fue la idea de traer esta empresa a Tarragona» y, sobre todo, saber «el papel del alcalde».

Por su parte, el grupo municipal de ERC acusa al alcalde de «mentir deliberadamente» de manera que «no merece la confianza de la ciudadanía».

El juzgado número 1 de Tarragona investiga los detalles de la contratación de Inipro, empresa muy vinculada al PSC, para dar un servicio de atención a los inmigrantes.

Los trabajos se prorrogaron dos años de forma irregular porque no se convocó ningún concurso ni procedimiento negociado, y por la documentación requisada en varios registros se investiga también los ayuntamientos de Viladecans y Palau-solità i Plegamans. El juez investiga los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas cuando en estos tres consistorios gobernabael PSC.