«El número de procedimientos que se inician en Tarragona ha bajado, pero cada vez son más complejas»

Hace 25 años, Fernando Jareño abría la misma puerta donde ahora me encuentro a un magistrado más joven. En el despacho se respira aquella solemnidad que da la madera y el cuero del sofá. En el fondo, aquella mesaen qué, tanto Don Fernando como Javier, (ahora ya sin el Don, hacemos más próxima la justicia) pasan más horas que un reloj trabajando. Para ellos, los días de 24 horas son una limitación y probablemente fallarían que tuvieran más. Mi grabadora ya no es una cassette y la cámara de la fotógrafa, Cristina, ya no lleva carrete. Las cosas han cambiado, tecnológica, social y judicialmente. Sólo hay que ver la treintena de reformas del Código Penal que se han hecho desde entonces. Hay delitos que no existen ya y el mundo conoce una nueva era: la de internet. A Javier Hernàndez, presidente de lo Audiencia provincial de Tarragona, no le gustan las estadísticas cuantitativas –juzgo–, porque no reflejan la realidad, y a veces no tienen en cuenta el auténtico esfuerzo que hace la Administración de Justicia. Por ejemplo, un caso puede ocupar meses y diez casos de robo pueden resolverse de una forma rápida.

—Me podría hacer una valoración actual de la justicia en Tarragona?

—Todo se puede medir, pero el problema de la medición es que el parámetro cuantitativo nos ofrecerá una bajada en el número de procedimientos judiciales que se tramitan en la provincia, probablemente llegaremos al 25 por ciento de reducción en el 2016. Eso es, evidentemente, significa un aligeramiento de la tramitación en los juzgados, pero no es significativo porque no refleja la complejidad sólo el número. Cada vez llegan asuntos más complejos que requieren un gran esfuerzo y tiempo.

—Eso quiere decir que somos una provincia judicialmente compleja?

—Tenemos claros marcadores de complejidad, las singularidades y las complejidades propias de nuestra extensión geográfica y del hecho de que estamos en la costa. En resumen, participamos de la criminalidad propia de la costa mediterránea y con algún factor también diferencial que hace que sea una provincia con unos niveles de complejidad cualitativa elevada.

—Somos como la Costa del Sol?

—La Costa del Sol tiene otras variables. No llegaríamos a tanto, estaríamos entre un nivel medio, ni somos Guadalajara, ni Málaga. Pero tenemos puerto, aeropuerto, turismo, buenas autopistas y un sur de la provincia complicado en el tema del hachís, ya que el Delta es una vía de entrada de droga en el Estado. Pero sí que compartimos las nuevas formas de criminalidad propias de territorios económicamente prósperos. Nuestra criminalidad no tiene nada que ver con las de interior. Para que se haga una idea, Tarragona, provincia, tiene más o menos la misma población que Zaragoza, pero ellos tienen un 50 por ciento menos procedimientos judiciales penales que nosotros.

—A que es debida esta bajada de procedimientos incoados?

—Por una parte, se han producido reformas de la legislación que impactan directamente en la cantidad de asuntos. Una de ellas es la del Código Penal, que elimina algunas faltas y aunque algunas se han convertido en delitos leves, otros sencillamente han desaparecido. Hay infracciones que ya no se persiguen penalmente y otras que no reúnen las condiciones para que lleguen al juzgado.

—Pero han bajado también los delitos...

—El análisis criminógeno es complicado y a veces no tenemos parámetros claros. Por ejemplo, en el 2010 juzgamos 19 homicidios, lo que nos situó al ranking en un sitio preocupante: éramos la segunda provincia del Estado en homicidios. En el 2016 sólo llevamos un caso. Y es difícil saber a que se debe este gran descenso. La verdad es que no lo sé. Y volvemos a tratar del tema de la estadística, ya que porcentualmente los homicidios son una gota dentro del vaso de los delitos, pero nos obliga a activar las alarmas y a hacer mayores esfuerzos de investigación, de tramitación procesal, de enjuiciamiento.

—Puedo insistir en el hecho de que me diga qué delitos se producen más?

—Si tuviéramos que hacer un listado porcentual, el número mayor de delitos lo ocupan los robos en general. Primero los robos con fuerza, le seguirían los hurtos, después los robos violentos, delitos patrimoniales, lesiones, maltratoy delito familiar.

—Tarragona es diferente de las otras provincias en criminalidad?

—Yo no destacaría que Tarragona tiene una particularidad criminal que la hace única en un delito concreto. Sólo que tenemos una criminalidad más compleja que otros porfactores situacionales, geográficos, económicos, y con unos fenómenos de criminalidad compleja y creciente. Sin embargo, un titular me costaría mucho darlo, aunque empieza a haber una cualitativa identificación con el tráfico de drogas, las estafas –algunas complejas y enrevesadas. El blanqueo de dinero empieza a aparecer y es una forma de criminalidad compleja, aunque no es protagonista de la estadística.

—Qué ha cambiado en la Audiencia en los últimos 25 años?

—Hace 25 años en la Audiencia éramos 6 magistrados, ahora somos 16. Sólo eso ya es una gran diferencia, casi se ha triplicado. Probablemente tienen un volumen de trabajo mayor y tienen que tratar problemas jurídicos que generan más complejidad. Y, sobre todo, la Justicia se ha hecho más visible. Antes era un poder más discreto, en el abrigo de la mirada social. Ahora la actividad judicial se observa, es cuestiona, se analiza, se critica y se publicita.

—Ahora que hablamos de la mirada social y la visibilidad, no le gustaría juzgar un gran tema mediático. ¿Por ejemplo, el de la Infanta?

—puede sonar a naïf lo que le diré: el gran caso puede ser aparentemente anónimo. El gran caso es el que plantea un reto constitucional, un reto jurídico, que plantea un gran problema que tiene una gran relevancia para el tratamiento de muchos casos. A mí, personalmente, el tratamiento mediático del caso no me genera ninguno atractivo. No tengo ningún tipo de vocación de exhibición y, por lo tanto, hubiera cumplido con mi deber el mejor posible. Si me toca, me toca, pero no me siento no realizado por no haber tenido un caso mediático.

—Hacemos un paréntesis. ¿Qué piensa del soberanismo?

—La Constitución es la base de nuestro sistema político y de convivencia. Cualquier reforma que se haga tendría que respetar las vías democráticas de reforma. La Constitución no es una mera ley, una mera norma, que de un día en el otro pueda dejarse sin efecto. Por lo tanto, la trascendencia de la Constitución como garantía de paz y de libertad hace que su reforma tenga que respetar las vías democráticas previstas.

—La carencia de mediados de la Justicia ha sido una queja habitual. ¿Ahora también?

—Creo que en Tarragona estamos a punto de tener un cierto nivel óptimo de órganos, empezamos a tener jurisdicciones bien dotadas y sólo en algunas tenemos déficits, pero no son estructurales, son déficits puntuales. Tenemos situaciones que tienen una vocación coyuntural, macrocausas que afectan mucho en un juzgado concreto. Sí que tenemos problemas de capacidad de respuesta, pero no estamos ante una situación estructural de colapso, ni de insuficiencia. Por ejemplo, en Reus, sabemos que sufren sobrecarga en algunos juzgados, especialmente enla jurisdicción civil, con una carga de trabajo muy importante, pero hay planos de refuerzo y con la creación del nuevo Juzgado de Familia mejorará. No estamos en la situación que se vivió años atrás, en la que tuvimos una situación llena de carencias.

—Hágame un recorrido por los partidos judiciales...

—En Tortosa teníamos una situación catastrófica antes de crear el segundo juzgado del Penal. Ahora estamos a una buena situación en las Tierras del Ebro, incluyendo Amposta. En Tarragona la situación se fuerza buena a la jurisdicción civil y se ha mejorado mucho la jurisdicción penal. Los juzgados creo que tienen un ritmo de trabajo eficaz; los juzgados del Social creo que se están equilibrando y con un refuerzo que permite cubrir un pequeño déficit, tenemos un juzgado Mercantil y un juzgado de familia reforzado... o sea, que en estos momentos estamos próximos a una situación correcta. En Valls tienen mucho trabajo, con parámetros de corrección y al Vendrell creo que pasamos por un momento interesante de implementación de la oficina judicial y creo que empiezan a funcionar bastante bien.

—Al que se debe esta mejora?

—Gran parte de lo que estamos consiguiendo se basa en el esfuerzo de jueces, magistrados y personal de la Administración de Justicia, no para que se hayan hecho grandes inversiones ni cambios estructurales, sino porque se ha puesto mucha constancia.

—Es la justicia actual lenta y poco efectiva?

—Actualmente tenemos una justicia penal bastante rápida. Incluso siguiendo un principio «de hiperceleridad» que –a mi entender– también es preocupante. El 70 por ciento de los juicios penales que se celebran en la provincia se hacen tres semanas después de cometerse el delito. Pero sí que hay algún caso patológico que, porfactores múltiples, a menudo inexplicables e, incluso de mala praxis, han generado una dilación inexplicable e indebida. Pero creo que son casos puntuales. Tenemos que mejorar muy todavía, pero estamos mejor de lo que hace años.

—Cree que estamos obsesionados con el castigo penal y olvidamos que hay una vía civil?

— Creo que el derecho penal no sirve para arreglar los problemas sociales, sirve para otras cosas. Si queremos que sea un instrumento eficaz: de prevención y de retribución, su aplicación se tendría que limitar. Cuando vulgarizamos la conducta penal y todo es penalmente relevante, el elemento simbólico se pierde. Tenemos que recuperar fórmulas del derecho penal lliberal y aprender de los anglosajones.

‘Todos los partidos tienen similar porcentatge de imputados’

Javier Hernández me transmite la sorpresa que le causó a su día conocer en una mesa redonda los datos de imputados de los diferentes partidos políticos de España. «Prácticamente todos los partidos políticos en nuestro país tienen un porcentaje similar de personas imputadas. Era un porcentaje curioso, que sólo variaba al alza en el caso de Canarias (Coalición Canaria)». Por lo tanto, «yo reivindico que la justicia en España está teniendo una actuación sólida y sería, la que reclama la confianza de la ciudadanía». A Hernández no le gusta el concepto «corrupción política», ya que considera que no se tiene que vincular la corrupción a la política, ya que esta se tiene que cuidar porque «es importante y muy noble paraun país». Los delitos de corrupción o contra la Administración Pública no son políticos, son delitos que cometen algunos ciudadanos que participan de la política.

Un magistrado con ideas progresistas Javier Hernàndez es un hombre joven con unas ideas que a menudo dejan boquiabiertosalos quese aferran a las viejas estructuras de la Justicia. Él no se esconde bajo la mesa cuando habla de las cosas que no funcionan, de mejoras necesarias a todos los niveles. Sus ideas, progresistas, hablan que la instrucción tiene que ir a manos del fiscal y no del juez, que la presunción de inocencia es básica o que se tiene que poner el lenguaje judicial a nivel de calle. Necesitamos magistrados así.