Clamor contra la actividad privada en los hospitales públicos en Tarragona
Más de 500 personas exigen que la normativa que permite la entrada de empresas con ánimo de lucro a los hospitales públicos no se vuelva a poner en marcha
Más de 500 personas se manifestaron este sábado en Tarragona para defender a un modelo sanitario 100% público. La concentración, convocada por el Grupo de Trabajo en defensa de la Sanidad Pública de Tarragona, buscaba ser una herramienta más de presión contra la Instrucción 05/2015 del Servicio Catalán de Salud, donde se abrían las puertas, de par en par, a la utilización de hospitales y centros de salud públicos por parte de empresas sanitarias privadas para llevar a cabo su tarea con ánimo de lucro. De hecho se llegaba a hablar incluso de los cánones que se cobrarían, el régimen de alquiler de los espacios o las posibles incompatibilidades del personal sanitario. Esta orden, aprobada por el anterior director del CatSalut, Josep Maria Padrosa (en aquel momento bajo las órdenes del conseller Boi Ruiz, vinculado en gran parte de su vida laboral a la sanidad privada), entraba teóricamente en vigor el 1 de abril de 2015, pero fue finalmente derogada (los manifestantes dicen que sólo congelada) por el parlamento el 7 de mayo del mismo año.
Aunque la polémica instrucción, que venía a sobrecargar todavía más los centros públicos, quedó paralizada, trabajadores sanitarios, activistas y ciudadanos protestaban este sábado por la posibilidad de que esta medida pueda llegar a ponerse en marcha algún día, y que el nuevo complejo hospitalario de Joan XXIII, previsto para el año 2021, acabe acogiendo actividad privada, sufragada con dinero de todos los contribuyentes. «Cuando se nos dice que hay una voluntad firme de hacer un nuevo hospital nos alegramos, pero falta saber si en este nuevo hospital se hará actividad privada. ¿Pondremos al servicio de la empresa privada una nueva infraestructura pagada con dinero público»?, se preguntaba Laia Estrada, portavoz de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona y miembro del Grupo de Trabajo. «Sólo faltaría que aprovecharan los edificios públicos para la sanidad privada. Acabarían teniendo tres listas de espera como Santa Tecla. Una de la seguridad social, el otro de la Mutua y de otra de gente pagando...», apuntaba indignado Agustí Aragonés, líder sindical de la CGT a Juan XXIII. Además, la cupaire definía la apertura de los hospitales públicos al negocio de empresas privadas como «un paso perverso para acabar de desmantelar la sanidad. Las empresas privadas ni siquiera tendrán que necesitar infraestructuras, podrán utilizar todos los centros, incluso los que son 100% públicos. Eso favorece el interés en el ánimo de lucro».
Qué la asistencia pública sólo la haga el Instituto Catalán de Salud
El escenario deseado por los centenares de manifestantes en pro de la sanidad pública, venidos desde varias partes de la provincia, pero también desde Barcelona, sería un modelo donde empresas privadas con o sin ánimo de lucro (en esta última entraría la Red Santa Tecla), realizaran únicamente actividad privada (por Mutuas o pagando) y los centros públicos, a través del Instituto Catalán de Salud, fueran los únicos que se ocuparan de ofrecer los servicios que cubre la Seguridad Social. De hecho, en el actual modelo sanitario, con numerosos proveedores asistenciales privados, genera dudas: «Actualmente la sanidad pública catalana está absolutamente fragmentada y disgregada. Muy poca parte en manos del Instituto Catalán de Salud, y mucha en manos de entidades supuestamente sin ánimo de lucro. Pero acaban teniendo detrás entramados empresariales y fundaciones que sí que tienen ánimo de lucro. Poniendo así la sanidad pública en manos, indirectamente del lucro», aseguraba la diputada del parlamento por la CUP, Eulàlia Reguant, que estuvo expresamente en Tarragona para dar apoyo a la marcha. Para la formación cupaire, decisiva en estos momentos para la gobernabilidad de Cataluña, es posible un modelo de gestión 100% público, «quien paga a los proveedores privados en estos servicios es la sanidad pública. Si en vez de hacer este pago el dinero quedaran en manos públicas, sería posible y factible y eficiente, y daría resultados, que es lo que queremos todos».