El Ayuntamiento de Tarragona seguirá como acusación en el Caso Bershka

El Ayuntamiento de Tarragona seguirá personado como acusación particular en el ‘caso Bershka’ después de que el pleno haya tumbado la moción de la CUP en que se pedía que el consistorio se retirara de este procedimiento que juzgará las denuncias cruzadas entre activistas feministas y agentes de la Guardia Urbana.

El caso, que llegará a juicio los días 9 y 10 de noviembre en la Audiencia de Tarragona, se remonta al año 2009 a raíz de los incidentes ocurridos delante de una tienda de ropa con motivo de una acción reivindicativa del colectivo Cau de Llunes. Los hechos acabaron con acusaciones mutuas por parte de los agentes de la Guardia Urbana y los activistas, entre los cuales había la actual concejala de la CUP Laia Estrada. Durante el debate de la moción, del cual Estrada se ha ausentado, el gobierno municipal ha explicitado su apoyo «sin fisuras» al cuerpo policial.

El concejal de la CUP Jordi Martí ha sido el encargado de defender la moción con la cual ha reivindicado que el consistorio se retire del procedimiento. La propuesta sólo ha recibido el apoyo de ERC, que ha evitado valorar los hechos que se juzgarán pero ha tildado la personación del consistorio como un hecho «inexplicablemente excepcional», y de ICV-EUiA, que ha criticado la falta de criterio del Ayuntamiento a la hora de decidir cuando toma parte o no en los procesos judiciales.

En contra de la moción

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de C's, Rubén Viñuales, ha defendido que la Guardia Urbana trabaja para todos los ciudadanos y que tienen derecho que el Ayuntamiento les defienda en los procesos judiciales. Igualmente, la concejala de CiU Cristina Guzmán ha defendido que «se tendría que dar la oportunidad a todos los agentes de ser defendidos por el Ayuntamiento porque velan por toda la ciudadanía». A su vez, el primer teniente de alcalde, Alejandro Fernández (PP), ha manifestado «el apoyo sin fisuras a la Guardia Urbana porque tienen como vocación garantizar el orden y las libertades». Además, Fernández ha afirmado que los agentes «son Ayuntamiento» y que tiene que ser un juez quien decida qué pasa con este caso. El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Pau Pérez, ha justificado que el jefe de la Guardia Urbana solicitó que el Ayuntamiento se personara en la causa. Por su parte, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha afirmado que siempre dará apoyo a la tarea de la Guardia Urbana, de quien ha destacado los sacrificios por la ciudad.

Durante el debate de la moción, varios activistas han asistido al pleno y han alzado tizas de color blanco para simbolizar la acción reivindicativa que se llevó a cabo el día del hechos. A su vez, dos miembros de un sindicato de la Guardia Urbana han exhibido camisetas en apoyo al cuerpo policial. Los tres activistas solicitan penas de prisión e inhabilitaciones para tres de los agentes implicados en los hechos por los presuntos delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas y vejaciones. Por su parte, el Ayuntamiento, la Guardia Urbana y la fiscalía acusan a los activistas de un delito de atentado a los agentes de la autoridad y les piden dos años de prisión.