La Generalitat quiere alquilar la Ciudad Residencial de Tarragona por 480.000 euros el año

La dirección general de Patrimonio de la Generalitat ha llevado a la feria inmobiliaria Meeting Point hasta once edificios y solares que ofrecerá en forma de alquiler. Entre estos hay cuatro inmuebles de Tarragona y uno de Reus. Así lo adelantaba el Diari Ara hace pocos días. De hecho, estos espacios se han presentado en el certamen inmobiliario como un lote de once edificios. La voluntad de la administración pública es no perder la titularidad y ceder a cambio del pago de un canon periódico estos espacios por un periodo de tiempo, un mínimo de 20 años y un máximo de 50.

Con respecto a la ciudad de Tarragona, los expuestos han sido la polémica Ciudad de reposo y vacaciones, el Antic Hospital Mare de Déu de la Salut –conocido como a Casablanca-, el Antiguo laboratorio de ensayo y los antiguos Juzgados. De esta manera, la Generalitat deja de lado la venta y apuesta por ofrecer la modalidad de alquiler mediante las figuras jurídicas del derecho de superficie o de la concesión.

El alquiler de la Ciudad de reposo y vacaciones se sitúa como el más caro de todo el paquete que también pone en alquiler espacios como la antigua residencia de tiempo libre de Llançà o un solar de la zona del Fòrum de Barcelona. Dada su dimensión, el gobierno busca ingresar hasta 24 millones de euros por la Ciudad Residencial. Calculan que un alquiler a 50 años a un coste anual de 480.000 euros, sumaria esta cantidad. El delegado del gobierno, Òscar Peris, explica que «la Generalitat tiene la obligación de encontrar utilidad a los espacios, solares y edificios en desuso». Por este motivo, defiende la opción del alquiler y detalla que «nos han llegado propuestas encima de la mesa, pero ninguna en firme». En este sentido, el gobierno mantiene la estrategia de poder replantear los usos de la Ciudad Residencial cuando haya alguna propuesta clara.

Hay que recordar que, según el POUM vigente, con el fin de llevar a término cualquier actividad habrá que llevar a cabo un plan especial urbanístico que concrete los usos y la volumetría del recinto. De hecho, es el Ayuntamiento quien tiene la competencia para definir los usos. El futuro proyecto tendrá que garantizar el uso público de los terrenos, asegurar que el patrimonio arquitectónico restante que quede en buen estado y garantizar el arbolado existente. A la vez, hará falta respetar la previsión del trazado ferroviario –hasta que no se concrete– y ajustarse a la regulación de protección específica del suelo sometido a riesgos. Asimismo, para el sociosanitario Casablanca han estimado un alquiler total de 1,8 millones de euros, a cincuenta años. El edificio del antiguo laboratorio de ensayo –situado en la zona de Ponent– supondría una inversión de 2,1 millones de euros –en 50 años–, mientras que la cesión para veinte años de los antiguos juzgados supondrá una inversión de 900.000 euros.