La movilidad preocupa los vecinos del futuro barrio de la Budellera

La Asociación de Vecinos de Levante y la Plataforma Salvem la Llarga han presentado las correspondientes alegaciones en el plan urbanístico que prevé la construcción de un nuevo barrio en la Budellera que prevé 6.000 nuevas viviendas y una población de entre 12.000 y 18.000 habitantes en los próximos años. Partidos políticos de la oposición municipal como ERC y la CUP también se han mostrado críticos. El futuro barrio crecerá en paralelo a la línea de costa, la Vía Augusta y la A7, en el espacio comprara entre el Nou Estadi y el extremo sur de la Larga.

Los más de cincuenta folios que contienen las alegaciones de la asociación de vecinos y de Salvem la Llarga muestran la preocupación y el rechazo a un crecimiento urbanístico que contempla el POUM. Se trata de un Plan Parcial que fue aprobado inicialmente el pasado mes de septiembre.

Los vecinos lamentan que se prevé desarrollar el Plan de una sola vez y piden que se haga por partes, en función de las necesidades que tenga la ciudad. «Eso quiere decir que se urbanizará todo el ámbito a pesar de no haber demanda actualmente». Piden que «se deje sin efecto la aprobación inicial y se hagan como mínimo cuatro polígonos o unidades».

El colectivo de personas que ha redactado las alegaciones plantean problemas de movilidad, teniendo en cuenta que el proyecto contempla 125.000 desplazamientos diarios. «Este Plan Parcial no es viable porque, entre otras cosas, plantea que el 80 por ciento de los desplazamientos hacia Tarragona serán por la A7 y no por la N340, prevé un nuevo enlace con la autovía que no cumple la normativa del Ministerio de Fomento y no tiene en cuenta la futura N-340 como vía urbana que una los barrios de Levante», manifestó Gemma Fusté, presidenta de la Asociación de Vecinos. Además, los promotores de las alegaciones rechazan «la utilización de las calles de Cala Romana y Bosques como carriles de conexión con la N-340, incrementando muchísimo la intensidad del tráfico en las calles de las urbanizaciones».

Los grupos municipales de ERC y la CUP se han mostrado favorables a los planteamientos de los vecinos del entorno del futuro nuevo barrio. La formación republicana reclama diálogo con los vecinos de la ciudad y que se tengan en cuenta las alegaciones que han presentado, mientras la CUP argumenta que este es «un proyecto que, una vez desplegado, promoverá edificaciones muy agresivas con el territorio, que se verá afectado, y que comportará la destrucción masiva de la masa forestal que rodea la ciudad de Tarragona, contraviniendo el principio de desarrollo urbanístico sostenible».

Esquerra manifestó, mediante su portavoz, Pau Ricomà, que «el crecimiento urbanístico es un tema de ciudad y no se puede sacar adelante un proyecto de estas dimensiones con el rechazo instalado entre la ciudadanía». Esta formación cree que «estamos hablando de una urbanización 5 ó 6 veces más grande que el Vall de l'Arrabassada en una zona de gran riqueza natural y paisajística».

El partido republicano lamenta, como también la Asociación de Vecinos, que el concejal de Urbanismo no haya presentado una maqueta como este colectivo le pidió. ERC insta «al equipo de Gobierno a tener en cuenta las alegaciones presentadas por los vecinos y a empezar vías de diálogo para buscar el máximo consenso posible» y reclaman la elaboración de una maqueta que se había comprometido con los vecinos con el fin de facilitar la comprensión global del proyecto y su impacto real».

En este contexto, los vecinos expresan «el profundo malestar con el actual Gobierno de la ciudad, y especialmente con el concejal de Urbanismo, Josep Maria Milà, para no cumplir con el compromiso asumido verbalmente de exponer al público una maqueta del PlanParcial y ampliar el plazo de exposición pública y alegaciones con el fin de dar la oportunidad a la ciudadanía de entender y conocer mejor como cambiará Tarragona».

Desde la CUP se ha ido más lejos. La Candidatura de Unidad Popular «cree necesario destacar que desde la concejalía de Urbanismo que ocupa el concejal Milán no se haya considerado oportuno mostrar públicamente la documentación, redactado por el despacho Milán, en forma de maqueta, lo cual habría ayudado a la ciudadanía a comprender más y mejor el proyecto que desarrollarán. Al mismo tiempo, también denunciamos que el periodo de alegaciones no se haya prolongado como la sociedad ha reclamado, cuando la ley se lo permite».

La CUP también se opone al Plan por considerar que «es totalmente contrario a un desarrollo urbanístico sostenible, respetuoso con el territorio y con la evaluación real desde una perspectiva global del municipio. Lamentamos profundamente una nueva agresión en el territorio tarraconense, que se verá gravemente afectado por la destrucción indiscriminada de una importante masa forestal que conforma un pulmón verde al levante».