El Gobierno requiere las aportaciones al fondo cooperativo a pesar de no tener la ley a punto

Algunas cooperativas agrarias han recibido el requerimiento del Gobierno a fin de que hagan la aportación económica que les corresponde en el fondo cooperativo aprobado por el Gobierno por vía de urgencia mediante el Decreto Ley 2/2016, de 17 de mayo, que tiene que permitir financiar la liquidación de las secciones de crédito de aquellas cooperativas que opten por esta solución. El proyecto de ley, sin embargo, está en trámite.

La Plataforma Antifondo Cooperativo, que reúne casi una treintena de entidades con sección de crédito, ha pedido que se detengan o se aplacen estos requerimientos hasta que no se haya redactado la ley correspondiente. Y es que, a estas alturas, los grupos parlamentarios acaban de perfilar las enmiendas al proyecto de ley de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas. Tienen hasta el próximo 29 de noviembre para enmendar este texto y canalizar las demandas del sector, especialmente de las cooperativas que, a priori, se oponían este fondo, ya que, según defendían, su finalidad es la de aportar dinero para devolver los ahorros a la Cooperativa Agrícola de Cambrils.

«Nuestras demandas suponen todo un conjunto de modificaciones del redactado que se basan, principalmente, en el otorgamiento de garantías en los depósitos que haya en el fondo», explica Josep Segura, presidente de la Cooperativa de Maials y portavoz de la plataforma. «No creemos que el fondo sea necesario, pero si tiene que ser, al menos que sea con el máximo de garantías,» puntualiza.

«No sólo las garantías, sino también eliminar la retroactividad en la ley e incluir detalles de regulación, como unos estatutos, un reglamento de gestión... El decreto está muy vacío de contenido», añade el diputado de Ciudadanos por Tarragona, Francisco Domínguez, quien ayer participó en la articulación de las enmiendas con representantes de la Plataforma y otros grupos parlamentarios.

El fondo, aprobado a través de un decreto ley, obliga a las cooperativas a aportar el 3% de su pasivo para hacer frente cubrir a los posibles problemas de las secciones de crédito que quieran cerrar como fue el caso de la Cooperativa Agrícola de Cambrils. Ya entonces, las cooperativas pidieron el paro del fondo alegando que no se había informado bastante de las medidas en el sector.