La CUP defiende que Milà no tendría que haber votado el proyecto de la Budellera por los vínculos familiares

La formación política de la CUP en Tarragona ha puesto en duda la aprobación inicial del Pla de la Budellera, llevada a cabo por la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria del 22 de septiembre de 2016. Una de las cuestiones que se pone en duda es la participación y votación del concejal de Urbanismo Josep Maria Milà. Según el concejal cupaire Jordi Martí Font, «Milà no podía participar en la votación de la Junta del Gobierno Local, ya que es incompatible con su pasado de trabajo reciente, con el parentesco que tiene con algunos de los interesados y con su propio trabajo antes de ser concejal», tal como indica la ley.

Jordi Martí i Font ha explicado que si bien es verdad que Milà dejó de ser miembro del Despatx Milà, fundado por él mismo y que ha hecho el proyecto de la Budellera, antes de entrar en el Ayuntamiento, hay varios puntos que no tuvo en cuenta a la hora de votar afirmativamente a aprobar el plan inicial de la Budellera. El concejal de la CUP explica que votó sí a pesar de concurrir las causas legales de abstención del artículo 23 apartados b y e de la Ley 40/15 de régimen jurídico del sector público que lo obligaban a la abstención.

El artículo 23.b de esta Ley dice que es motivo de abstención el parentesco con algunos de los interesados. Pepe Milà Ricomà, que forma parte del equipo redactor del plan conjuntamente con otros 2 arquitectos, es hijo de Josep Maria Milà. Milà y Ricomà, al mismo tiempo, ha representado el Despatx Milà ante el Ayuntamiento, tal como se explica en el Acta del 22 de septiembre de la Junta de Gobierno Local.

El artículo 23.e dice que es motivo de abstención haber prestado servicios professionales en los dos últimos años a alguno de los interesados. En la página 4 del acta de la Junta de Gobierno Local del 22 de septiembre se explica que el Sr. José Luis García Martínez actúa en nombre de la Junta de Compensación Provisional del Plan parcial urbanístico 24. El concejalJosep Maria Milà, en los dos últimos años y antes de ser concejal, a través de su despacho de arquitectos, ha tenido relación de servicio con Martínez, que tiene intereses en el asunto.

Estrada denuncia «una falta de proceso participativo real» en el desarrollo del plan

Por otra parte, la concejala Laia Estrada ha denunciado «una falta de proceso participativo real» en el desarrollo del plan. «Muestra de eso es la presentación también de otras alegaciones por parte de varios sectores vecinales y políticos disconformes con el plan», ha apuntado a Estrada.

Los concejales de la CUP han explicado que su posicionamiento irá encaminado a «impugnar el procedimiento seguido para aprobarlo, de la misma manera que el contenido material y las concretas determinaciones y parámetros urbanísticos de la ordenación aprobada.» Según Estrada, «El actual PPU24 es totalmente contrario a un desarrollo urbanístico sostenible, respetuoso con el territorio y con la evaluación real desde una perspectiva global de Tarragona».

La concejala cupaire ha explicado, también, que el territorio tarraconense se verá afectado por la destrucción indiscriminada de una importante masa forestal que conforma un pulmón verde al levante del término municipal y que podría dar lugar a potenciar la agroecología y la mitigación del cambio climático.

Ante estos interrogantes, Jordi Martí Font ha afirmado que «desde la CUP de Tarragona haremos de forma inmediata una serie de preguntas sobre la legalidad de esta aprobación». El concejal ha añadido que «Si algo se ha hecho mal, creemos que se tiene que asumir y echarlo atrás y, si el trámite continúa y no se nos aclara su absoluta legalidad llevaremos el caso delante de la Fiscalía, aunque esperamos no tener que hacerlo».