Los vecinos del bloque de Bonavista emprenderán acciones judiciales

Las familias de Bonavista, que han sido desalojadas por el mal estado de su bloque de pisos, piden ayuda al Ayuntamiento para emprender acciones legales contra el antiguo administrador, que según los afectados, les ocultó un informe técnico que apuntaba que el edificio se tenía que apuntalar porque se encontraba en malas condiciones. De esta manera, se habría escondido esta información a las familias, que un año después, han sido desalojadas por riesgo de hundimiento. Las familias, que no tienen recursos económicos, piden al Ayuntamiento que se persone como acusación para resolver el tema.

Todo empezó cuando, el verano del 2015, la presidenta de la comunidad, Carmen Castillo, avisó al administrador de las fincas de la presencia de grietas en su piso y pidió hacer un informe técnico del estado del edificio. Un arquitecto se personó en el bloque y concluyó que «aparentemente no hay riesgo de colapso inminente del edificio, pero a causa de la magnitud y cantidad de las grietas se tiene que proceder a hacer un estudio profundo sobre las causas y proceder a su reparación tan antes como sea posible, evitando así futuros daños mayores en caso de no actuación». Pero esta información nunca llegó a la comunidad de vecinos, que insistió, según explican, «para que el administrador hiciera llegar el informe», dice Castillo, quién asegura que «nos cansamos de pedirlo».

El año 2016, cuando las grietas habían aumentado, la comunidad decidió avisar a otra arquitecto para estudiar la situación. Entonces fue cuando los vecinos se enteraron del contenido del primer informe. La presidenta de la comunidad decidió entonces denunciar la actuación del administrador al Colegio de Administradores de Fincas de Tarragona (COAFT). En la denuncia consta que «el administrador no nos informó de la situación y, según su versión, el arquitecto no se quiso hacer cargo del tema».

La respuesta del COAFT fue clara y directa, que concluyó que «la cuestión no es un tema de deontología profesional, sino que se trata de un asunto puramente civil y, concretamente, un posible incumplimiento contractual. Por lo tanto, la competencia para resolver la controversia radica en sede judicial». Es por eso que las familias piden al consistorio que los ayude a iniciar las acciones legales, ya que «si no tenemos dinero para arreglar los pisos, tampoco tenemos para contratar a un abogado», explica Castillo.

Según el informe del 2015, las grietas son causadas por un asentamiento diferencial, «ya que es posible que la fundamentación no se realizara sobre el mismo tipo de terreno, provocando que la parte del terreno menos resistente se haya comprimido más y, en consecuencia, se ha producido la rotura vertical de las paredes de carga». Además, el informe asegura que «a la hora de realizar el edificio, se rellenara una parte del terreno».

Con respecto al Ayuntamiento, la concejala de Servicios a la Persona, Ana Santos, aseguró este jueves que todavía no tenía constancia de los hechos y que, los servicios jurídicos del Ayuntamiento serían los encargados de analizar la situación. Por otra parte, Santos explicó a Diari Més que, actualmente, las cinco familias se encuentran alojadas en el hotel, «aunque una se trasladará este viernes a un piso». Con respecto a las otras familias, se calcula que a lo largo de la próxima semana serán realojadas en los pisos de Sant Salvador. Este jueves, una asistenta acudió al hotel y entregó los abonos de autobús para que los más pequeños vayan a la escuela.