Begoña Floria y Gustavo Cuadrado entran en los juzgados para declarar porel caso Inipro

La portavoz del gobierno de Tarragona (PSC-PP-UDC), la socialista Begoña Floria, y el exjefe de gabinete de alcaldía, Gustavo Cuadrado han entrado poco después de las 9h de este jueves en el juzgado número 1 de Tarragona para declarar en calidad de investigados por el Caso Inipro.

El titular del juzgado número 1 de Tarragona citó Floria y Cuadrado el pasado 15 de noviembre para aclarar el contenido de los correos electrónicos cruzados entre los dos investigados en el 2011, en los cuales se anunciaba la puesta en marcha de un grupo denominado «PSC Ciberactivistas Ballesteros» (en referencia al alcalde, Josep Fèlix Ballesteros).

Floria explicaba en uno de los correos que «hemos puesto en marcha un equipo de ciberacción», citaba tres de los investigados en el caso y anunciaba que «con ellos y yo misma y también Gustavo iremos ampliando la red». «En este sentido, estaría bien que si conocéis gente del partido que tenga interés en formar parte, nos aviséis», agregaba el correo.

Cuadrado respondió: «¿Quién recibe este correo? Tengo miedo de poner nombres...están cobrando de nosotros. Clarificamos que son voluntarios». Estos correos se localizaron en un disco duro del exgerente del IMSS, que por la información que contiene motivó la apertura de una pieza separada de este caso en el cual están investigados catorce personas, la mayoría vinculadas con el PSC.

La CUP denunció, antes de tener representación municipal, la contratación de la empresa Inipro por dar un servicio de atención a los inmigrantes cuando el IMSS tiene una unidad específica para eso y, además, este colectivo se había reducido considerablemente. El IMSS contrató a Inipro el 2010 mediante un procedimiento negociado y sin publicidad, pero las tres empresas invitadas a participar estaban todas vinculadas a Inipro.

Inipro facturó 56.492 euros en el 2010, pero en el año siguiente y al otro, en vez de volver a adjudicar el servicio, se prorrogó de manera irregular. En el 2011, Inipro cobró 102.607 euros –uno 81,63% más, sin ninguna justificación de este incremento– y en el 2012, otros 95.976 euros.

El alcalde Ballesteros autorizó los pagos en siete ocasiones, a pesar de las advertencias de ilegalidad por esta prórroga irregular, porque también se le advertía que los trabajos estaban hechos y que, si no pagaba, cometía enriquecimiento injusto.