El pleno de Tarragona rechaza paralizar el plan urbanístico de la Budellera

El plenario del Ayuntamiento de Tarragona ha rechazado este jueves la paralización del plan urbanístico de la Budellera, que prevé la construcción de más de 4.000 viviendas en la zona de Levante de la ciudad. La propuesta, recogida en una moción de la CUP, ha contado con los votos contrarios del gobierno -PSC, PP y Unió- y del grupo municipal de CiU. El alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, se ha mostrado partidario del «diálogo y el acuerdo», pero ha defendido el «crecimiento razonable» de la ciudad para garantizar la sostenibilidad económica. En este sentido, ha advertido que Tarragona será «insostenible» si no puede compensar la pérdida de ingresos provenientes del sector químico en favor de la Canonja.

El alcalde ha recordado que la Budellera forma parte del nuevo POUM, que fue aprobado casi por unanimidad después de trece años de tramitación. En más Ballesteros ha advertido que habría que indemnizar a los propietarios de los terrenos si se recalificaran en suelo no urbanizable, al contrario de lo que sostenía a la CUP.

Aunque el texto de la moción de la CUP era «nulo de pleno derecho», según ha advertido al gobierno citando un informe del vicesecretario municipal, los cupaires lo han mantenido al orden del día. Su portavoz, Laia Estrada, ha justificado la suspensión de este plan de desarrollo urbanístico por su impacto y por el hecho de que la ciudad cuenta con 15.000 pisos vacíos y numerosos solares pendientes de edificar. El grupo municipal de ERC, que ha votado a favor de la suspensión del plan, ha coincidido en destacar que las previsiones del POUM no se ajustan a la realidad actual y ha llamado a «abrir una puerta al diálogo». Según su portavoz, Pau Ricomà, la Budellera cubrirá unas necesidades «que quizás no se generarán hasta dentro de 50 o 60 años».

Por su parte, la concejala de ICV-EUiA, Arga Sentís, ha recordado que su formación nunca avaló el POUM y que la pérdida de población actual les ha dado la razón, ha dicho. «La previsión del POUM era irreal y ahora tenemos una gran oportunidad para repensarlo, pero no a golpe de moción», ha expuesto. A su vez, el portavoz de CiU, Albert Abelló, se ha alineado a favor del proyecto de la Budellera, que ha definido como «una pieza importante de expansión de nuestra ciudad». Sin embargo, Abelló ha exigido al gobierno que no se salga por la tangente y mejore las vías de diálogo con los vecinos. También ha pedido a Ballesteros «que haga de alcalde y tome decisiones» porque la ciudad, ha dicho, «no es un juguete».

El grupo municipal de Ciudadanos se ha abstenido a la moción, pero se ha mostrado partidario del crecimiento de la ciudad porque proyectos como la Budellera generan «inversión y puestos de trabajo». Su portavoz, Rubén Viñuales, ha pedido más diálogo con la ciudadanía y ha admitido que la altura prevista de los bloques de viviendas, de hasta 12 pisos, no les convence. Viñuales también ha lamentado que el proyecto no haya empezado con buen pie por las incompatibilidades del concejal de Urbanismo, Josep Maria Milà. Ballesteros advierte que la ciudad será «insostenible» si no crece

Por su parte, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha advertido que si la ciudad no crece «razonablemente», será insostenible, ha dicho. El alcalde ha recordado que, con motivo de la segregación de la Canonja, la ciudad acabará perdiendo unos ingresos de entre 9 y 10 MEUR anuales provenientes de las empresas químicas que, de forma progresiva, irán a parar íntegramente al nuevo municipio. «Si no lo compensamos, esta ciudad no es viable económicamente», ha lanzado. El alcalde ha defendido firmemente el POUM, que se aprobó «con el voto de 26 de los 27 concejales del plenario». Ballesteros ha opinado que la aprobación de esta herramienta puso a fin a trece años de tramitación en que la ciudad «no tenía hoja de ruta» y que votar ahora en contra de su aplicación sería «irresponsable e incoherente».

Sobre la Budellera, el alcalde ha recordado que el proyecto prevé un 20% de vivienda social para familias jóvenes con pocos recursos. Ballesteros se ha mostrado partidario del diálogo con todo el mundo y de llegar a acuerdos para introducir mejoras que no hagan traquetear un proyecto que, a su parecer, representa el «crecimiento sostenible de la ciudad».

Tarragona se adhiere a la campaña “Casa nostra , casa vostra” para la acogida de refugiados

El plenario ha aprobado, por unanimidad, la adhesión de Tarragona a la campaña 'Casa nostra, casa vostra' de apoyo a la acogida de población refugiada. Según la declaración institucional aprobada por todos los grupos, se instalará un plafón en el exterior del Ayuntamiento con el lema 'Queremos acoger' hasta que llegue «la totalidad de refugiados que puede acoger Cataluña, que se han cifrado en 4.500 personas.» El plenario también ha aprobado otras declaraciones institucionales en relación a la demanda de mejoras de seguridad en la carretera TP-2039, de acceso a la urbanización Solimar; para exigir la recuperación de las plazas residenciales para las personas mayores y de centros de día a los municipios, y otra a favor de la igualdad y no discriminación de las personas con diversidad funcional sensorial.

El pleno ha aprobado mociones para la defensa de los intereses de las personas afectadas por las cláusulas suelo, para garantizar la gratuidad en la educación de cero a tres años según el nivel de renta familiar, para renovar el contrato de la sociedad con el campesinado a iniciativa de Unió de Pagesos y para elaborar un censo de solares sin edificar en Tarragona. Por el contrario, además de la de la moción para paralizar la Budellera, se ha rechazado impulsar el deporte gratuito y al aire libre y recuperar la gestión pública y municipal de los jardines de infancia municipales.

El Port estudiará la retirada de simbología franquista

El grupo municipal de la CUP ha retirado a última hora una moción en que pretendía instar a la Autoridad Portuaria a retirar varias inscripciones franquistas que todavía permanecen en una valla del complejo educativo de Tarragona. El concejal Jordi Martí ha explicado que, en una reunión que tuvo lugar este miércoles el presidente del Port, Josep Andreu, se comprometió a retirar inmediatamente las inscripciones una vez se compruebe si ostentan la propiedad.