Denuncian trato de favor a pacientes de mutua en hospitales concertados

«Si eres usuario del CatSalut, para hacerte una operación tienes un tiempo de espera que puede ir del año a los dos años, vulnerando completamente la legislación de los plazos máximos de espera, pero en cambio, si tienes mutua o pagas de tu bolsillo, en vez de dos años te lo hacen en dos meses o en dos semanas con el mismo médico, los mismos trabajadores, en el mismo edificio y en la misma sala de operaciones,» denunciaba ayer Xavi Milian, uno de los portavoces del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública. Apunta que es lo que está sucediendo a los centros hospitalarios concertados, «pagados con el dinero de todos los ciudadanos» a través de la Generalitat, concretamente, «en el Sant Joan de Reus y en Santa Tecla». Así lo aseguraba el activista, momentos antes de entregar en la sede de Salut en Tarragona, las más de 5.000 firmas que han recogido en los últimos meses en la ciudad y barrios –otros 3.000 de Reus se entregarán próximamente–, en contra de esta dualidad.

Según el activista, la mutua impone una serie de condiciones a los centros hospitalarios, que acaban produciendo un claro perjuicio a los pacientes de la Seguridad Social en verso a los que tienen seguro, lo que acaba generando usuarios de primera y de segunda categoría: «Por ejemplo, Adeslas dice que si su paciente tiene que estar ingresado, tiene que tener dos camas, una para él y otra para el acompañante. También puede exigir unas horas de televisión gratuita o prensa diaria, o un desayuno especial, cuando el resto de pacientes del CatSalut no pueden tenerlo», apuntaba al portavoz. Eso, que ya sucede en varios centros del territorio, podría pasar también en los de titularidad 100% pública que gestiona el Institut Català de Salut, como el Joan XXIII de Tarragona, si los planes del Departament de Salut se mantienen.

Según garantizan miembros de la CUP integrados en la plataforma, durante la negociación de los presupuestos de este 2017, el conseller Toni Comín y el director del Servei Català de Salut, David Elvira, se negaron en rotundo a eliminar el proyecto. «El conseller dijo que en el momento que pudiera lo querría sacar adelante, alegando que es una fuente extraordinaria de ingresos», apuntaba Milian.

De hecho, la medida llegó a aprobarse en abril del 2015 cuando la conselleria estaba en manos de Boi Ruiz, pero un mes después, por la presión parlamentaria, quedó sin efecto. En esta instrucción, la 05/2015 del CatSalut, se reflejaban incluso los cánones que se cobrarían a las mutuas, el régimen de alquiler y las posibles incompatibilidades del personal sanitario de los hospitales públicos.

El delegado sindical de la CGT en el Joan XXIII, Agustí Aragonés, aseguró que seguirían batallando e informando de estos hechos a la ciudadanía para frenar los planes.