Los estibadores harán huelga el 20, 22 y 24 de febrero contra la liberalización

Los estibadores que trabajan cargando y descargando mercancías en el Puerto de Tarragona han convocado una huelga para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero, por protestar contra el Real Decreto Ley que anunció la semana pasada el ministro de Fomento, que comportará la liberalización del sector. Según explica Joan Galera, presidente del comité de empresa Estarraco, Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Tarragona, S.A., «eso significará el despido generalizado de los trabajadores». La huelga se llevará a cabo durante las horas impares de las tres jornadas, lo cual significa que el rendimiento laboral bajará un 50 por ciento.

«No estamos en contra de la sentencia de la Unión Europea, que obliga a liberalizar el sector, sólo pedimos que el ministro respete las negociaciones entre los trabajadores, la patronal y el anterior representante del ministerio,» explica el presidente del comité de empresa, quién añade que «dos años después de negociar con el Estado, ahora el ministro impone la sentencia europea. No ha servido de nada todo el que hemos hecho hasta ahora». Esta es la principal razón por la cual los estibadores tarraconenses y los de todo el Estado llevarán a cabo la huelga los próximos días 20, 22 y 24 de febrero.

La acción comportará que los estibadores del Puerto de Tarragona trabajarán al 50 por ciento del rendimiento habitual, pero se mantendrá la actividad y no afectará a los servicios de pasajeros, por eso no se consideran necesarios los servicios mínimos. Esta huelga significa un golpe fuerte para el Estado, ya que, por experiencias anteriores, estos paros suponen paralizar el funcionamiento habitual del Puerto.

Aparte, los estibadores tarraconenses también reivindican la profesionalización del sector. Pedimos el reconocimiento de la profesión y no nos la quieren reconocer. Si liberalizamos el sector sin llegar acuerdos con la patronal, las empresas no tendrán la obligación de contratar a trabajadores con muchos años de formación. Y eso no lo podemos permitir», explica con indignación Joan Galera, presidente del comité de empresa.

La estiba es la única profesión no abierta a la libertad de contratación en el Estado español. Pero la cosa está a punto de cambiar. El gobierno central está elaborando un Real Decreto Ley que pondrá fin a las actuales condiciones laborales del sector. Así lo exige la Unión Europea, en contra de la voluntad de los trabajadores. Desde Bruselas se exige que España adapte el sistema portuario a la normativa de libre competencia.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se reunió el pasado jueves con empresas y sindicatos del sector para explicar la propuesta de reforma. Pero no ha gustado a los trabajadores, que aseguran que «hace más de dos años que estamos negociando un acuerdo con el Estado y ahora nos dicen que no ha servido de nada, lo cual significa que nos despedirán a través de un proceso d'ERE,» asegura Galera. En el Puerto de Tarragona trabajan, aproximadamente, unos 160 estibadores. En caso de que las predicciones del comité se hagan realidad, la administración se tendrá que hacer cargo de las indemnizaciones. Pero el hecho de no hacer caso a la reforma exigida por la Unión Europea, el Estado también tendría que pagar una gran cantidad de dinero. Con la finalidad de evitar la multa, el gobierno central modificará la Ley de Puertos.

«Perderemos el trabajo»

«El ministro de Fomento quiere eliminar el sistema actual que regula las empresas estibadoras y así cada empresa podrá contratar a quien quiera de nuevo. Automáticamente, nosotros perderemos el trabajo», resume Galera, quien añade que «nos hemos encontrado con el ministro para explicarle los acuerdos que habíamos llegado con la patronal, pero ellos nos han respondido que la decisión es hacer un Decreto Ley para implantar la sentencia europea y liberalizar el sector».

Según el comité de empresa de Estarraco, la situación actual en el Puerto de Tarragona es complicada. «La gente está en tensión y se trabaja con pocos ánimos. Pero seguimos trabajando», explica Galera, quién añade que «exigimos al gobierno que negocie con las partes. Estamos dispuestos a acatar la sentencia, siempre y cuando podamos negociar». El comité asegura que, si el conflicto se alarga, «no descartamos otras reivindicaciones».

El papel discreto del Puerto

La Autoridad Portuaria se mantiene al margen del conflicto, «ya que es un tema de legislación y, por lo tanto, nosotros no podemos hacer nada», asegura Ramón García, director general de la Autoridad Portuaria. Por otra parte, García lamenta que finalmente se convoque la huelga, ya que la repercusión es importante. «La acción comportará una disminución del rendimiento de las actividades. Se moverán menos toneladas por hora. Nos gustaría que eso no pasara, pero es la realidad». De momento, García desconoce quién se encargará de las indemnizaciones económicas de los trabajadores, en caso de que las empresas portuarias se vean obligadas a despedirlos.