Las obras de construcción del pabellón Sant Jordi afrontan la recta final

La construcción del pabellón Sant Jordi se acerca a su final, hasta el punto que será la primera infraestructura de nueva planta de los Juegos Mediterráneos a acabarse. Mientras no se pone la cinta para inaugurarlo, las críticas referidas a la celebración de este acontecimiento deportivo internacional no aflojan. Sin ir más lejos, ayer el grupo municipal de la CUP manifestó, en un comunicado, que «los Juegos del Mediterrani Tarragona 2017 –ahora 2018– han sido el fracaso mayor de la historia reciente de la ciudad, sin ningún tipo de paliativos».

En caso de no surgir ningún contratiempo, la instalación deportiva de la avenida de Andorra estará finalizada a finales de abril o, como muy tarde, en los primeros días de mayo, y se cumplirá el calendario establecido por el proyecto. Diseñado en primera instancia para albergar la competición de voleibol de los Juegos, el retraso de un año por la problemática financiación de Tarragona 2017 por parte del Gobierno del Estado, ha obligado a buscar una sede alternativa para la disputa de este deporte. La pista será utilizada, si no varían las cosas de aquí a 2018, a entrenamientos.

La previsión inicial era que la instalación iniciara su actividad pasados los Juegos Mediterráneos del 2017. El aplazamiento de un año no afectará a la actividad que ya se había previsto realizar en los 1.200 metros cuadrados destinados a fitness, el spa, el solárium o las cuatro pistas de pádel.

El Sant Jordi será el tercer establecimiento que la empresa Viding Fitness abrirá al Estado. En la actualidad, esta firma tiene en funcionamiento los centros La Rosaleda, de Sevilla, y Alcántara, de Madrid.

La crítica de la CUP

La CUP volvió a cuestionar los Juegos en un comunicado que hizo público ayer. Después de decir que ya se puede considerar que los del 2017 «han sido un fracaso», afirmó que «los del 2018 no nos sacarán de este convencimiento como organización anticapitalista que, ante todo, defiende los derechos sociales de la mayoría de personas que viven en esta ciudad que es Tarragona».

La CUP aseguró que el compromiso del Estado «llega tarde», en el camino hasta aquí «hemos perdido la oportunidad de replantear un proyecto que la mayoría de la ciudadanía ve con recelos y una buena parte de ella rechaza directamente» y no es partidaria del hecho que «se dediquen tantos millones de euros a la creación de unas infraestructuras que no sirven para solucionar los principales problemas de la ciudadanía de Tarragona, situados hoy todavía en la pobreza, el paro estructural y con un urbanismo al servicio de las élites tarraconenses».