La 'crisis' de examinadores enfrenta los miembros de la Asociación de Autoescuelas

La Asociación de Autoescuelas de Tarragona y un grupo de profesionales que ofrecen este servicio y que están creando una plataforma, discrepan por como se está llevando la polémica surgida por el número de examinadores y las listas de espera que se producen. Mientras que el presidente de la Asociación, Carles Oliver, manifestó ayer en Diari Més que «ir en contra de la Jefatura de Tráfico es una pérdida de tiempo porque está haciendo todo el que puede y sólo con diálogo se puede llegar a la mejor solución», el representante de un grupo de propietarios de autoescuelas contrarios a este posicionamiento, Miquel Bové, afirmó que «nuestra discrepancia con el presidente es absoluta y total».

La plataforma ha aprovechado Change.org para exponer su preocupación por las dificultades en que se encuentran los alumnos de las autoescuelas por el número de examinadores, que consideran «insuficiente». La petición, dirigida a la DGT, ya había conseguido ayer 1.917 firmas de las 2.500 que vuelan, y en la argumentación dice que «a causa de la falta de examinadores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona, las autoescuelas de la provincia se han visto obligadas a auto-regularse para poder realizar un examen práctico al menos una vez al mes». Añade que «este sector y los afectados piden a más examinadores para poder absorber el volumen de alumnos existentes».

Según la argumentación expuesta por el grupo al cual representa Miquel Bové, «en caso de no haber autorregulación, se incurriría en un agravio para los alumnos que, de suspender el examen, tendrían una lista de espera de hasta dos meses para volver a examinarse, reduciendo así las posibilidades de examinarse dentro de un mismo expediente, que tiene una caducidad de 6 meses».

Por su parte, Carles Oliver afirmó en este rotativo que «esta campaña no es de la Asociación, sino de una autoescuela». Reconoció que «faltan examinadores, pero hay otros sistemas para resolver el problema». En opinión de Oliver, la Jefatura «quiere poner solución, pero hay una falta de presupuesto y no se ponen los medios necesarios». Oliver informó que «el lunes vino un examinador en comisión de servicio que se privará hasta el 28 de abril y el día 23 de marzo vendrá otro itinerante», con lo cual la situación mejorará.

Miquel Bové aportó unos datos que demuestran que la provincia de Tarragona tiene una de las ratio más bajas con respecto a la relación entre examinadores y número de alumnos que aspiran a sacarse el premís de conducir. Esta ratio se de 1,14, y sólo está por encima de las de Zaragoza, Madrid, La Rioja, Ciudad Real, Granada, Lérida y Málaga. En el escrito, se dice que de los 9 examinadores que hay para el conjunto de las comarcas tarraconenses, «uno es uno liberado sindical, dos tienen a disposición cuarenta horas cada uno para trabajo sindical y uno está inhabilitado». En este contexto, Bové remarcó que «no se puede consentir que una mala gestión de la Administración del Estado sea el principal motivo de nuestros dolores de cabeza» y que cuando un examinador no acude al puesto de trabajo, «unas empresas y unos alumnos salen perjudicados». Bové aconseja reclamar en oficinas del consumidor e ir al Síndico de Agravios.