Condenan el ICS y un partero del Joan XXIII por un aborto imprudente

El juzgado de lo penal número 1 de Tarragona ha condenado a un partero del Hospital Joan XXIII por un delito de aborto por imprudencia grave a la pena de 450 euros de multa y tres meses de inhabilitación por la muerte de un feto de 41 semanas. El juez también ha condenado a las aseguradoras del ICS a pagar una indemnización a los padres, que son vecinos de la Canonja (Tarragonès). La madre ha dado a conocer los hechos este jueves, junto con los responsables de la asociación ‘El Defensor del Paciente’, que ha llevado|traído el caso. Los hechos se remontan al 20 de septiembre del 2009, cuando la mujer acudió a urgencias con contracciones y un sangrado anormal. A pesar de los indicios de padecimiento del feto, un partero del centro tarraconense le dio el alta gastado de hacerle unas pruebas «básicas» y el día siguiente, cuando la mujer volvió al hospital, el feto había muerto asfixiado. La sentencia afirma que el acusado actuó con mala praxis y que se tendría que haber practicado una cesárea urgente a la paciente.

Según la sentencia, Mònica Ramos, embarazada por primera vez, recibió en el último trimestre de la gestación la calificación «de alto riesgo obstétrico», lo cual implicaba «un plus de atención médica para prevenir y/o tratar las complicaciones maternas y fetales, más frecuentes en estos casos».

Unos días antes del fatal desenlace, los controles cardiotogràfics ya ofrecieron unos resultados insuficientes. Por este motivo, en caso de no originarse de forma natural, el parto se tendría que haber provocado el 22 de septiembre al considerarse «cumplido» el periodo de gestación, según la resolución judicial.

La madrugada del 20 de septiembre, sin embargo, la mujer acudió a urgencias con contracciones y sangrado. Allí, el partero J.J.P.R., «con poca experiencia», según el letrado José Aznar, realizó una exploración a la mujer y le dio el alta al cabo de 20 minutos, aunque el registro cardiaco presentaba signos «de anormalidad», por|para lo cual «no era procedente el alta hospitalaria (···), sino la finalización del embarazo mediante una cesárea urgente».

A las once de la mañana, la mujer volvió al centro hospitalario y, al cabo de más de una hora, fue sometida a una cesárea urgente «por sospecha de un padecimiento fetal agudo al no detectarse latidos cardiacos». El feto fue extraído en parada cardiorrespiratoria y murió a consecuencia de una asfixia. Según la autopsia, su estado de maduración era correcto -pesaba 3.700 gramos y medía 54,5 centímetros- y no presentaba malformaciones.

La madre ha denunciado este jueves que los hechos se podrían haber evitado si se hubiera actuado de forma más diligente. «O no tenían ganas de trabajar o faltaba personal», ha afirmado. La madre ha explicado que el pequeño era muy deseado y se ha quejado del trato recibido, ya que no le dejaron «ni cinco minutos» para despedirse de su hilo. «Mi hijo tendría que estar aquí y no enterrado», se ha lamentado.

El padre denunció inmediatamente el caso a los juzgados y se puso en contacto con la asociación ‘Defensor del Paciente’. El abogado José Aznar ha explicado que, después de ocho años de trámites judiciales, el partero reconoció los hechos al inicio del juicio oral y acabaron pactando la pena solicitada por el fiscal en un acuerdo de conformidad. La otra acusada, una ginecóloga, fue absuelta en una sentencia que ya se ha vuelto firme.

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha denunciado el padecimiento de la familia durante casi ocho años. «La justicia, cuando es tardía, no acaba siendo justicia. Tendría que ser más ágil y hacer sufrir a las personas durante tanto tiempo,» ha reivindicado.

Por su parte, la familia, que ha declinado hacer público el importe de la indemnización, ha considerado injusta la sentencia, que ha aplicado un atenuante de dilaciones indebidas. «A mí me han condenado a vivir con este dolor eterno y yo quería una condena para ellos», ha aseverado la madre, que se ha tenido que someter a tratamiento psiquiátrico a raíz del aborto.