El secretario del Ayuntamiento de Tarragona ve como «una amenaza» la carta del Estado a los funcionarios
La carta recuerda a los funcionarios «la obligación» de respetar «la legalidad constitucional» y las sentencias del TC en referencia a la prohibición de llevar a cabo un referéndum.
El secretario del Ayuntamiento de Tarragona demúncia que el Estado presiona los funcionarios
El secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, ha respondido la carta enviada por el secretario de estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, a unos 1.500 funcionarios sobre el referéndum del 1 de octubre lanzándole que «su oficio se parece más a una amenaza que a una oferta colaborativa». Así lo explica El Punt Avui, quién ha tenido acceso a la respuesta del tarraconense, que también pide al estado que «en ningún caso sometan a presión la actuación de secretarios e interventores, que en todo caso puede afectar negativamente el ejercicio de nuestras funciones».La AMI ha hecho pública la carta de Font y ha apuntado que puede servir de modelo para que los ayuntamientos articulen su respuesta al Estado.
La carta enviada por Bermúdez el pasado lunes recuerda a los funcionarios «la obligación» de respetar «la legalidad constitucional» y las sentencias del TC en referencia a la prohibición de llevar a cabo un referéndum. En este sentido, el Ministerio de la Presidencia les pide «su colaboración para asegurar tal cumplimiento en la entidad local en qué presta sus servicios» y les ofrece «toda la colaboración y el apoyo que necesiten» para evitar que su corporación municipal se salte las leyes.
En su respuesta, Font muestra su «sorpresa» porque la carta enviada por Bermúdez se basa en la «interpretación de una norma inexistente» y reprocha al Estado que ponga en el centro de atención en los funcionarios y «los ponga en duda», en vez de «protegerlos y tranquilizarlos».
El secretario general del Ayuntamiento de Tarragona también contesta a Bermúdez que en la misiva «nos otorgan funciones que no nos corresponden», como la formación del censo y las mesas, la designación de los locales electorales o guardar y distribuir el material. En este sentido, Font le recuerda que el máximo papel de los secretarios es informar sobre la legalidad de la actuación si lo requieren los órganos municipales competentes.
Por último, el tarraconense recuerda que los secretarios y los interventores «no dependen funcionalmente del estado» y actúan «bajo criterios de independencia jerárquica» de la estructura orgánica de las corporaciones.