La CUP denuncia a los concejales Pau Pérez y José Luis Martín por «incompatibilidades» en sus cargos

Los concejales tarraconenses Pau Pérez (PSC) y José Luis Martín (PP) han sido denunciados por la CUP por «incompatibilidades» de sus cargos como representantes municipales con sus cargos privados en la sociedad Nàutic Tarragona SA, según informa El Punt Avui. Tanto Pérez Como Martí, mientras ocupaban el cargo de concejales en el Ayuntamiento de Tarragona en el 2011 también formaban parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, que tiene parte del capital de Nàutic Tarragona S. A.

La fiscalía ha abierto diligencias después de que la CUP presentara la denuncia a la unidad de delincuencia económica y fiscal de la unidad orgánica de la policía judicial (UDEF) de la Guardia Civil, que trasladó la denuncia a la fiscalía después de ver indicios de delitos. En concreto se están investigando, entre otros, presuntos delitos contra la administración pública, prevaricación de los funcionarios públicos, falsedad documental, soborno, malversación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.

Con respecto al concejal de Economía, Hacienda y Servicios Centrales, Pau Pérez, ocupó el cargo de gerente de Nàutic Tarragona SA entre 1997 y el 2014, cuando fue destituido y cobró una indemnización de 105.000 euros. Hay que recordar que también era miembro del consejo de administración como representante del Ayuntamiento de la Autoridad Portuaria, que tiene el 35% del de la empresa. También José Luis Martín, primer teniente de alcalde, jefe de Presidencia y concejal de Transparencia, Gobierno Abierto, Espacios Públicos y Contratación, era secretario del consejo de administración desde el 2011 y hasta hace pocos meses de la Autoridad Portuaria, además de tener acciones a Nàutico S.A. Según la CUP, su hermano, Jesús Martín, poseía un 25% de acciones de Nàutic S. A. que vendió coincidiendo con la entrada de Jose Luís al gobierno municipal a través del pacto firmado entre PSC, PP y Unión.

La Fiscalía tiene ahora, a partir de la apertura de diligencias, un periodo de seis meses para estudiar la documentación que ha aportado a la CUP. A partir de esta investigación se decidirá si el caso se archiva o se lleva a los juzgados.