Los API aseguran que «el realquiler a turistas no ha llegado a la ciudad»

«No tenemos constancia que en Tarragona suceda lo mismo que en Barcelona con respecto al realquiler de pisos a turistas», una práctica que está generando graves problemas en determinadas comunidades de vecinos en la capital catalana. Hèctor Guasch, vicepresidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Provincia de Tarragona (COAPI), remarcó que «está prohibido realquilar un piso o habitaciones y, también, subarrendar a terceras personas». Muy diferente es el alquiler de pisos turísticos por semanas, quince días o un mes para empresas registradas en la Generalitat y que pagan los impuestos correspondientes. «El problema –dijo Guasch- es cuando no se priva legalmente dado de alta». Lo mínimo es que un piso esté alquilado, como mínimo, seis meses, siempre que las partes se pongan de acuerdo o se haga por vía legal. En el segundo de los casos, se tendrá que hacer frente a una indemnización.

El vicepresidente del COAPI manifestó a Diari Més que «la ciudad de Barcelona es un monstruo no equiparable, por el número de turistas que recibe, con Tarragona» y la problemática que sufre «está concentrada en zonas como la Barceloneta y Ciutat Vella, próximas a las Ramblas.» En Tarragona, «los pisos se alquilan aplicando la Ley de Arrendamientos Urbanos» y la gran mayoría se alquilan por un tiempo de un año, renovable hasta un máximo de tres años, y se establece la prohibición de destinarlos a actividades industriales.

Alquilar una vivienda por un periodo de tres meses, coincidiendo con la temporada alta de vacaciones, pero realquilarlo a terceros no es nada fácil en Tarragona, entre otros motivos porque el propietario habitual «es reticente», dijo Guasch. Es complicado, incluso, que alumnos que vengan a la ciudad a hacer un Erasmus puedan alquilar sólo por un periodo de tres meses.

Hèctor Guasch remarcó que en el contrato tipo de arrendamiento de vivienda que se utiliza en Tarragona queda claramente especificado en que «el piso objeto del contrato se alquila exclusivamente para ser destinado a vivienda, no pudiendo instalarse en él comercio o industria.» El contrato «tendrá una duración de tres años» y, llegada la fecha de vencimiento, «si ninguna de las partes notifica a la otra con 30 días de antelación la voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante un año más», dijo el vicepresidente del COAPI.

Según el contrato, el arrendatario podrá desistir de este, una vez hayan transcurrido al menos seis meses de vigencia del contrato, siempre que sea comunicado al arrendador con una antelación mínima de treinta días. En este caso, el arrendatario tendrá que indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste para cumplir. Añade que los periodos de tiempos inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización.