Ballesteros cierra filas con Pérez y Martín y «dispara» contra la CUP
La denuncia de la CUP por «incompatibilidad de cargos» ha levantado polvareda, y el alcalde amenaza con una respuesta judicial
Mañana intensa lo que se ha vivido hoy en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Tarragona. La CUP y el equipo de gobierno, encabezado por el alcalde Josep Fèlix Ballesteros, personificaron una guerra de declaraciones en toda regla. El motivo, la denuncia de los anticapitalistas que ha llegado a Fiscalía y que cuestiona de la «compatibilidad de cargos» de dos concejales del consistorio, Pau Pérez (PSC) y José Luis Martín (PP), por|para su presencia al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria –accionista en un 35% de Nàutic S.A– como representantes municipales y sus cargos privados en la empresa Náutico S.A. Primer fue la CUP, representada por Laia Estrada y Jordi Martí, quien compareció para resolver dudas sobre la denuncia efectuada a la Guardia Civil. Y dos horas más tarde fue el alcalde Ballesteros, acompañado de Pérez i Martín, quien incendió el Salón de Actos del consistorio para defender encarnizadamente la inocencia de los concejales y criticar con dureza el papel de la CUP.
Aclaraciones y detalles de la CUP
«Cuando entramos aquí hace un par de años teníamos claro que en el Ayuntamiento había mucha oscuridad, pero no habíamos imaginado que había tanta». Con estas palabras empezaba la rueda de prensa de los anticapitalistas Jordi Martí. Después, vendrían una serie de datos para contextualizar la situación. Pau Pérez, concejal de Economía, Hacienda y Servicios Centrales del Ayuntamiento, gerente de la empresa privada Náutico S.A entre 1997 y el 2014 y representante municipal al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria desde el 14 de julio de 2011. José Luis Martín, primer teniente de alcalde, designado en junio del 2016 representante a la Autoridad Portuaria en sustitución de Pau Pérez, y secretario de Náutico S.A desde 1998 hasta unos meses después de entrar al Consejo de Administración. Por otra parte, hay que mencionar que Pau Pérez cobró una indemnización de 105.000 euros cuando fue cesado del cargo, que según la CUP, el hermano de Martín vendió sus acciones a Náutico S.A cuando este entró en el equipo de gobierno y que el mismo Martín era accionista.
Con todo, los anticapitalistas creen que hubo «favoritismos» y se amparan en el artículo 178.2 de la LOREG para creer que «hay incompatibilidad de cargos cuando Pau Pérez, gerente a la sociedad Nàutic durante 17 años, fue nombrado miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria del 2011 en el 2016».
«Nos sorprende, en primer lugar, la coincidencia de todas las acciones del hermano de Martín cuando él fue nombrado primer teniente de alcalde», expresaba Estrada, que proseguía diciendo que «es extrany que Martín acredite sus cargos en el registro de incompatibilidades de la Diputación de Tarragona y no del Ayuntamiento». Y por último, aseguraba Estrada, «en base a nuestra experiencia a los Consejos de Administración, los cargos de secretario y gerente siempre son los que tienen más información que el resto, y eso nos hace pensar que ser representantes municipales a la Autoridad Portuaria mientras se compaginan cargos privados, podría haber favorecido la toma de decisiones hacia Nàutic S.A».
El ‘contraataque’ de Ballesteros
El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, entró en el Salón de Actos del Ayuntamiento con Pérez y Martín. El alcalde, en el centro, empezó la comparecencia con una dura crítica hacia la CUP: «Ya basta, ya basta de una puñetera vez, de hacer de la política un espectáculo chapucero, una sospecha permanente y de utilizar la justicia para hacer política; si no saben hacerlo de otra manera, que aprendan». Acto seguido, apeló directamente a la concejala Laia Estrada: «Tiene narices que la única persona del ayuntamiento que ha sido condenada durante su cargo como concejala venga a darnos lecciones de comportamiento». También amenazó los cupaires asegurando que «eso se los girará en contra» y, para acabar, los criticó de «incoherentes». ¿«Cómo pueden tener la obsesión de utilizar las leyes de la justicia española aquellos que llaman a desobedecerlas»?, se preguntaba el alcalde.
Después, Pau Pérez fue el primero al empezar su defensa. «Antes de entrar a la Autoridad Portuaria pedí un informe en la Secretaría General, y el secretario ratificó que no había ningún tipo de incompatibilidad», aseguraba, y añadía que «he estado 17 años separando la actividad pública de la privada». Además, subrayó que recibió una indemnización «menor» de la que tendría que haber recibido y dejó claro que «el informe lo podrían haber pedido antes de hacer estas acusaciones tan graves».
José Luis Martín, por su parte, fue más conciso: «Nunca he sido accionista de Nàutic S.A, fui nombrado secretario de la empresa en 1998 y no en el 2011, y por último, mi hermano Jesús Martín vendió las acciones el mes de febrero y no en mayo, cuando se firmó el pacto de gobierno». Para acabar, aseguró que «una vez se archive el caso, de que se archivará, me reservo las acciones legales pertinentes».